Victoria provida: un tribunal de Ilinois impide a Ilinois penalizar a hospitales católicos que rechazan el suicido asistido

Un tribunal federal prohibió a Ilinois penalizar a hospitales católicos y religiosos que trabajan como sanitarios que rechacen participar en la ley de suicido asistido del estado. El fallo también permite que se nieguen a informar al paciente de cómo obtener la medicación para acabar con su vida.

El juez de distrito Franklin U. Valderrama, emitió la pasada semana una orden provisional que impide al Departamento de Regulación de los Profesionales Financieros y al Departamento de Salud Pública aplicar la ley estatal contra los demandantes. 

Multas de hasta 10.000 dólares, la pérdida de la licencia y posibles acciones penales

La Ley de Opciones para el Final de la Vida (EOLO, por sus siglas en inglés), contempla que, aquellos sanitarios que se nieguen a informar a los pacientes sobre los supuestos "beneficios" del suicidio asistido, derivar a quienes lo soliciten a profesionales dispuestos a prestarlo, den la información que el Estado considere "desinformación" o a registrar las muertes por prescripciones letales como causadas por la enfermedad subyacente se enfrentan a multas de hasta 10.000 dólares, la pérdida de la licencia y posibles acciones penales.

La orden bloquea la aplicación de la ley hasta que un tribunal de apelación se pronuncie sobre dos casos relacionados: National Institute of Family and Life Advocates contra Treto y Schroeder contra Treto.

La Thomas More Society, que representa a los sanitarios religiosos, señaló que la nueva orden se ha ampliado, por lo que incluye ahora a "casi todas las instituciones sanitarias católicas de Illinois". Entre las partes protegidas se encuentran la Asociación Médica Católica, la Asociación Católica de Psicoterapia y numerosas entidades católicas del sector sanitario adscritas a la Diócesis de Springfield.

Antes, el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Norte de Illinois falló a favor de los demandantes católicos, entre los que se encontraban el obispo de Springfield, Thomas Paprocki, y el arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich, y prohibió al estado a obligarles a participar en el programa de suicidio asistido. La resolución también amparaba a grupos de religiosas. No obstante, la protección es temporal y solo se mantendrá mientras dure el proceso judicial.

Pritzker firmó la ley en diciembre de 2025

El gobernador JB Pritzker firmó la Medical Aid in Dying bill el  12 de diciembre de 2025. No obstante, la norma no entraría en vigor hasta el 12 de septiembre de 2026, casi un año después. De acuerdo con la ley, sólo podrían acogerse a ella aquellos pacientes adultos que padezcan una enfermedad terminal que, según las previsiones, provoque la muerte en un plazo de seis meses. 

Además, dicha enfermedad debe estar certificada por dos médicos; los enfermos deben haber sido informados de todas las opciones de atención sanitaria; deben tener capacidad mental probada para decidir; y deben presentar solicitudes tanto por escrito como verbalmente, entre otros requisitos. No obstante, está comprobado que esos límites se incumplen habitualmente en otros estados y países, y posteriormente se amplían, como apunta Life News.

Excepciones insuficientes para los sanitarios religiosos

Las excepciones limitadas significaban que los profesionales sanitarios católicos no estaban obligados a facilitar activamente el acto específico del suicidio. Sin embargo, la ley les exigie que participen de otras formas, como promocionar los supuestos beneficios de quitarse la vida o facilitar información sobre cómo conseguir los medicamentos necesarios para quitarse la vida.

A pesar de mostrarse satisfecho del triunfo, Peter Breen, responsable del departamento de litigios de la Thomas More Society, que representa a Paprocki y a otros demandantes, afirmó que la organización "seguirá luchando hasta que esa protección sea permanente".

“Catholic and Christian health care providers, from hospitals and nursing homes to physicians, nurses, and therapists, strive to heal, not harm, and for generations, have cared for the sick and dying in keeping with their faith. Illinois has no right or authority to coerce them into abandoning that mission. For now, this order protects their freedom to continue caring for patients with dignity, without the threat of losing their licenses or their livelihoods.”