Mamdani obtiene acceso a información clasificada: el alcalde de Nueva York recibe su autorización federal tras nueve meses en el cargo

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este miércoles que finalmente obtuvo su autorización federal de seguridad, casi nueve meses después de asumir el cargo. “Ya tengo mi autorización de seguridad”, dijo el líder demócrata durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles. La autorización fue concedida por el Gobierno federal después de una reunión de alto perfil entre Mamdani y el presidente Donald Trump en Gracie Mansion, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con la nueva autorización, Mamdani puede acceder a documentos clasificados. Antes de recibir las credenciales, un portavoz del alcalde señaló que Mamdani dependía de las sesiones informativas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para recibir información relacionada con cuestiones de seguridad. A pesar de esto, no son pocas las voces que han expresado preocupación por la posibilidad de que Mamdani tenga acceso a dichos documentos, tomando en cuenta sus posturas radicales y sus vínculos con figuras extremistas.

Hasta ahora, altos funcionarios de su Administración que ya contaban con las autorizaciones correspondientes, incluido el principal asesor legal, Ramzi Kassem, podían asistir a este tipo de sesiones informativas, mientras que el alcalde no podía hacerlo, según informó el medio Politico. Según varios reportes, Mamdani solicitó la autorización poco después de asumir el cargo en enero, aunque no estaba claro de inmediato cuándo la Administración Trump se la concedió.

La autorización tiene lugar un día después de que el juez de Staten Island Wayne Ozzi ordenara a la ciudad de Nueva York modificar la forma en que la administración de Mamdani está implementando su recargo sobre determinadas segundas viviendas de alto valor, al considerar que el Departamento de Finanzas de la ciudad no proporcionó a los propietarios afectados las garantías procesales adecuadas e incluso manejó de manera indebida el proceso utilizado para determinar qué propiedades estarían sujetas al recargo. “No hay ningún delito involucrado aquí; los propietarios están siendo perjudicados sustancialmente y sancionados innecesariamente por la manera en que el DOF está implementando la ley tributaria”, escribió Ozzi.