Chip Roy presenta un proyecto de ley para prohibir a los miembros del Congreso y sus familias negociar acciones
“El pueblo estadounidense debe tener fe en que las autoridades parlamentarias está trabajando por el bien del país, no por sus propias cuentas bancarias", expresó el representante.
El representante republicano Chip Roy
El representante republicano Chip Roy y el representante demócrata Seth Magaziner anunciaron este martes la reintroducción bipartidista de la Ley de CONFIANZA en el Congreso, una iniciativa legislativa destinada a prohibir a los miembros del Congreso y a sus familias participar en operaciones bursátiles basadas en información privilegiada. La propuesta tiene como objetivo restaurar la confianza pública en las instituciones gubernamentales y garantizar que los servidores públicos no utilicen su poder para obtener beneficios financieros personales.
“El pueblo estadounidense debe tener fe en que el Congreso está trabajando por el bien del país, no por sus propias cuentas bancarias. Durante años he trabajado para abordar el problema de las operaciones bursátiles en el Congreso”, destacó el representante Roy.
“Podemos restaurar la integridad de nuestro Gobierno asegurándonos de que los miembros del Congreso estén enfocados en servir a sus electores, no en enriquecer sus carteras de acciones. Estoy orgulloso de presentar este proyecto de ley junto con el representante Roy, que garantizará que Washington rinda cuentas a las personas que representa”, comentó por su parte Magaziner.
Medidas clave en la Ley CONFIANZA
La Ley de Servicio de Confianza y Defensa de la Representación Transparente (TRUST o CONFIANZA en español) obligaría a los miembros del Congreso, junto con sus cónyuges e hijos dependientes, a colocar determinados activos de inversión en un fideicomiso ciego calificado mientras se encuentren en funciones. Este tipo de fideicomiso asegura que los legisladores no tengan control directo sobre sus activos, evitando que utilicen información privilegiada para tomar decisiones financieras que beneficien sus intereses personales. De este modo, se busca garantizar que las acciones de los legisladores no estén influenciadas por beneficios económicos, protegiendo la integridad de su labor pública.
Respaldo de organizaciones clave
El proyecto ha recibido el respaldo de varias organizaciones clave defensoras de la transparencia y la responsabilidad gubernamental, como el Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO), la Unión Nacional de Contribuyentes, Public Citizen, Protect Democracy y otras.
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