El equipo del FBI encargado de la redada de Mar-a-Lago se sumió en el desprestigio con el 'Russiagate'

La división del FBI que supervisa la investigación sobre el manejo de material clasificado por parte del expresidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago está en el foco de una investigación del consejero especial John Durham, del Departamento de Justicia (DOJ), sobre los presuntos abusos de poder y el sesgo político del Buró en su investigación sobre el Russiagate contra Trump.

Tal y como se desprende de la documentación del Buró y afirman fuentes conocedoras del caso, la redada en la residencia del expresidente, que duró 9 horas y en la que intervinieron 30 agentes del FBI, se enmarca en una operación de contrainteligencia dirigida desde Washington y no desde Miami, como se ha informado generalmente. La división de contrainteligencia del Buró dirigió la investigación contra Trump por "colusión" con Rusia, que llevaba el nombre en clave de Crossfire Hurricane y se desarrolló en 2016-2017.

Aunque el antiguo responsable de Crossfire Hurricane, Peter Strzok, fue despedido tras conocerse sus vitriólicos tuits contra Trump, varios miembros de su equipo siguen trabajando en la unidad de contrainteligencia, afirman las fuentes consultadas; si bien se encuentran bajo investigación por parte tanto de Durham como del brazo disciplinario del Buró, la Oficina de Responsabilidad Profesional. El FBI declinó responder a las preguntas sobre el papel que puedan estar desempeñando en el caso Mar-a-Lago.

Por otro lado, un miembro fundamental del equipo de Crossfire, el supervisor de inteligencia Brian Auten, ha seguido participando en investigaciones políticamente sensibles, como la centrada en el contenido potencialmente incriminatorio encontrado en la laptop abandonada del hijo del presidente Biden, Hunter, según se desprende de la correspondencia entre el Comité Judicial del Senado y el director del FBI, Christopher Wray. Informantes (whistleblowers) de dentro del FBI han afirmado que Auten desacreditó mendazmente las pruebas contra Hunter Biden durante la campaña de 2020 clasificándolas como "desinformación" rusa, valoración que provocó el cese de la actividad investigadora.

A Auten se le ha permitido trabajar en casos delicados pese a que lleva sometido a investigación interna desde 2019, cuando el inspector general del DOJ, Michael Horowitz, lo remitió a revisión disciplinaria por su papel en el análisis de un dosier financiado por la campaña de Hillary Clinton y utilizado por el FBI para obtener órdenes de intervención telefónica contra Carter Page, ex asesor de campaña de Trump. Horowitz puso en la mira a Auten por tomar una serie de atajos en el proceso de verificación e incluso permitir que información que sabía incorrecta se filtrara en órdenes judiciales de registro y confundiera al tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

Este mes, en una comparecencia ante el Congreso, Wray confirmó que "un número de" integrantes del equipo de Crossfire Hurricane siguen empleados en el Buró mientras son sometidos a revisión disciplinaria. Entre tanto, las fuentes consultadas dicen que Wray ha levantado un muro en torno a los antiguos investigadores del Russiagate para que sólo intervengan en escuchas telefónicas de la FISA.

Chuck Grassley, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, ha solicitado a Wray copias de los documentos e informes recientes del caso generados por Auten, y saber si éste forma parte del equipo del FBI encargado de determinar qué parte de lo incautado a Trump entra en el ámbito de la investigación de contraespionaje y cuál queda al margen.

A algunos exfuncionarios del FBI les preocupa que Auten, uno de los principales expertos del Buró sobre Rusia y la guerra nuclear, participe en el análisis de las cajas con documentos incautadas en la residencia de Trump el pasado día 8 que pretende determinar si alguno de los supuestos documentos de alto secreto que guardaba el expresidente podría haber quedado comprometido, poniendo la seguridad nacional potencialmente en riesgo.

"Es una calamidad que Auten siga trabajando para el Buró", afirmó el veterano del FBI Michael Biasello, con 27 años de experiencia. "Yo cambiaría a otros analistas y agentes".

Un examen de los agentes del FBI implicados en la redada de Mar-a-Lago revela otras conexiones entre ellos y otros funcionarios del Buró que desempeñaron papeles cruciales en el bulo del Russiagate.

Las fuentes consultadas por RealClearInvestigations dijeron que Jay Bratt, el principal funcionario de contrainteligencia en la división de seguridad nacional del DOJ, ha estado coordinando la investigación de Mar-a-Lago con Alan Kohler, que dirige la división de contrainteligencia del FBI. Bratt resulta ser un donante del Comité Nacional Demócrata,

Kohler sustituyó a Bill Priestap después de que éste abandonara el Buró tras ser criticado por su labor en la investigación del Russiagate. Kohler había trabajado en la sede central del FBI bajo las órdenes de Priestap como agente especializado en la lucha contra las amenazas procedentes de la inteligencia rusa. Previamente trabajó en Londres como enlace del FBI con la inteligencia y las fuerzas de seguridad británicas. Las fuentes consultadas dicen que Kohler era cercano a Stefan Halper, académico y contratista del FBI desde hace mucho tiempo, a quien el Buró manejó como informante en un intento fallido de sobornar a miembros de la campaña de Trump. También trabajó estrechamente con Stephen Somma, que intervino en Crossfire Hurricane y de quien Horowitz dijo era el “principal responsable" de algunas de las peores negligencias en el escándalo FISA. Somma es un investigador de contrainteligencia de la oficina del FBI en Nueva York, donde ha sido reasignado al departamento dedicado a China.

En 2019 Kohler fue ascendido a agente especial a cargo de la división de contrainteligencia de la oficina del FBI en Washington, donde trabajó con Timothy Thibault, quien fue reasignado por Wray sólo unos días antes de la redada de Mar-a-Lago, después de que unos informantes plantearan cuestiones sobre su tendenciosidad política. Así, afirmaron que Thibault, que ha arremetido contra Trump y los republicanos en las redes sociales, trabajó con Auten para desacreditar las pruebas sobre presunto lavado de dinero y otras actividades [ilegales] contra Hunter Biden y evitar así que fueran investigadas.

La división de contrainteligencia de Washington está ahora en manos de Anthony Riedlinger, que anteriormente trabajó en la sede central del FBI como jefe de sección a las órdenes de Priestap. Algunos de los agentes que participaron en la redada en la casa de Trump procedían de esa oficina de Washington, según las fuentes consultadas y los documentos del caso del propio FBI.

Bratt, máximo responsable de contrainteligencia en el DOJ, se desplazó a Mar-a-Lago a principios de junio e inspeccionó personalmente el archivo mientras interactuaba con Trump y uno de sus abogados. Trump permitió a los tres agentes del FBI que Bratt llevó consigo abrir cajas y revisarlas. Se fueron con algunos documentos. Después de marcharse, Bratt solicitó al abogado de Trump un refuerzo de la seguridad del lugar y pidió ver las imágenes de las cámaras de seguridad. El abogado accedió a esas peticiones. Pasaron meses antes de que el DOJ diera el paso políticamente explosivo de enviar agentes del FBI sin previo aviso a la residencia de Trump, donde se incautaron de documentos, fotos y otros materiales que se encontraban no sólo en el archivo sino en otras dependencias de la propiedad, incluida la oficina del ex presidente.

Chris Swecker, ex director adjunto del FBI, dijo que la orden de registro que obtuvieron los agentes era bastante amplia. Swecker indicó que autorizaba la incautación de cualquier información en cualquier formato relacionada con "información de defensa nacional", lo cual "no incluye necesariamente material clasificado". "Es una orden de registro vasta y amplia de una investigación vasta y amplia contra el expresidente", afirmó.

Es más, Swecker añadió que el registro de la residencia del expresidente fue mucho más exhaustivo de lo que se informó en un principio e incluyó el fisgoneo no supervisado de varias docenas de dormitorios, así como de numerosos almacenes y armarios, incluidos los de la ex primera dama. Los agentes del FBI se llevaron numerosas cajas y contenedores con documentos y otros materiales, entre ellos varias carpetas de fotos e incluso tres pasaportes del expresidente.

Kash Patel: "Trágicamente, los agentes del FBI que estuvieron involucrados en el Russiagate son los mismos tipos de contrainteligencia que dirigen esta investigación de seguridad nacional contra Trump".

Aunque el fiscal general, Merrick Garland, ha dicho que el DOJ trata de "limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo", los detalles de la orden revelan que los agentes tenían autoridad para incautarse de cajas enteras de registros -incluyendo los potencialmente cubiertos por la confidencialidad entre abogado y cliente- si un solo documento llevaba la marca de los materiales clasificados.

Los agentes estaban autorizados a incautarse también de cualquier caja o contenedor "hallado junto" a otros que contuvieran documentos clasificados, según el Anexo B ("Bienes a incautar") de la orden. Y a confiscar "cualquier registro gubernamental y/o presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021", lo que abarca todo el mandato de Trump. Eso significa que podían llevarse cualquier elemento relacionado con la Administración Trump.

En total, se retiraron decenas de cajas y contenedores de la residencia de Trump, de las cuales muy pocas contenían realmente información clasificada, al decir de las fuentes consultadas.

Según los registros de la Comisión Electoral Federal, Bratt sólo ha donado dinero a políticos demócratas, así como al menos 800 dólares al Comité Nacional Demócrata. Las fuentes consultadas comentaron que Bratt es cercano a David Laufman, a quien sustituyó como alto funcionario de contrainteligencia en Justicia. Donante de Obama, Laufman ayudó a supervisar la investigación del Russiagate y el caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton, donde también había información clasificada de por medio.

Un investigador del Senado aseguró a RCI que Laufman fue el "cerebro" de la estrategia para desempolvar e instrumentalizar políticamente la Ley de Registro de Agentes Extranjeros -antigualla raramente invocada- contra miembros de la campaña de Trump, maniobra legal novedosa que, al decir del referido investigador, evoca los intentos actuales del DOJ de aplicar a Trump la Ley de Registros Presidenciales -que es de orden civil, no penal- invocando la Ley de Espionaje de 1917.

Laufman autorizó las escuchas telefónicas contra el asesor de la campaña de Trump Carter Page, que el inspector general del DOJ determinó se llevaron a cabo con falsos pretextos, al amparo de los cuales se utilizaron correos electrónicos manipulados y se eliminaron pruebas exculpatorias, entre otros delitos.

Reaparecido repentinamente como secuaz mediático del DOJ en defensa de la redada de Mar-a-Lago, Laufman ha sido una fuente clave para las informaciones publicadas en medios como The Washington Post y la cadena CNN. En CNN, por ejemplo, afirmó que los documentos incautados en las dependencias de Trump eran "particularmente impresionantes y particularmente indignantes", y que su mero hallazgo validaba "completamente la investigación del Gobierno" sobre el expresidente; si bien rápidamente añadió: "Aunque está por ver que esta investigación se traduzca en una imputación penal".

Swecker dijo que hay poderosas razones para temer que la división de contrainteligencia del FBI politice el caso. "Sin duda, el FBI se ha metido en un buen lío por cómo manejó el caso [de los correos electrónicos] de Clinton, y luego Crossfire Hurricane, y luego lo de Hunter Biden", afirmó. "Muchos de mis colegas y yo mismo pensamos que están caminando sobre hielo muy fino". "Por desgracia", añadió, "no se puede recusar a toda una división del FBI".

Patel: “Es sencillamente demencial”

Kash Patel, exfiscal federal y funcionario de la Administración Trump, aventuró que puede que el FBI tenga un interés particular -y un potencial conflicto de intereses- en la incautación de los documentos almacenados por Trump.

Así, advirtió que en octubre de 2020 Trump autorizó la desclasificación de todos los registros de investigación generados a partir de Crossfire Hurricane y del caso de los correos electrónicos de Clinton, denominado en clave Midyear Exam, y dijo que el FBI puede haber confiscado algunos de esos documentos en la redada para asegurarse de que no se hagan públicos. Además, añadió, el Buró puede estar escarbando en busca de otros materiales para tratar de justificar con carácter retroactivo su cuestionable apertura, en 2016, del caso sobre la colusión entre Trump y Rusia, tan cargado políticamente y tan ominosamente corto de pruebas.

"Trágicamente, los agentes del FBI que estuvieron involucrados en el Russiagate son los mismos tipos de contrainteligencia que dirigen esta investigación de seguridad nacional contra Trump", afirmó Patel, que llamó a declarar a los miembros del equipo de Crossfire Hurricane como ex investigador del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Patel señaló que el informe de Horowitz indicó que el analista del FBI Auten ocultó información exculpatoria sobre el asesor de Trump Page a otros investigadores y al tribunal de la FISA, lo que debería ser más que suficiente para mantenerlo al margen de otras investigaciones que involucren a Trump. "Para colmo, este tipo admite [ante los investigadores de Horowitz] que no se arrepiente de su papel en la fabricación del mayor fraude en la historia de las elecciones, y Wray todavía le permite ser supervisor en el FBI", afirmó. "Es demencial, sencillamente".

La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia tiene la máxima autoridad sobre la investigación contra Trump por posible violación de la Ley de Espionaje, que comprende el supuesto mal manejo de material clasificado, lo mismo que se invocó en la investigación de los correos electrónicos de Clinton. (Sin embargo, en este último caso el FBI nunca registró la mansión de Chappaqua, Nueva York, donde la ex secretaria de Estado instaló un servidor no seguro para enviar y recibir al menos 110 correos electrónicos clasificados, y donde también recibió documentos gubernamentales por fax).

Mark Wauck, abogado y exfuncionario de contrainteligencia del FBI, dijo estar preocupado por los indicios de que el mismo elenco de personajes del escándalo del Russiagate anda involucrado en la investigación de Mar-a-Lago. "Si esta gente, que estuvo implicada en un gran fraude trufado de actividades delictivas, muestras de parcialidad y valoraciones gravemente defectuosas, sigue ahí, estamos ante un escándalo de enormes dimensiones", afirmó en una entrevista.

© RealClearInvestigations