
Más de 44,5 millones de personas en México carecían de acceso a servicios de salud en 2024, mientras que 5,7 millones de hogares tuvieron que afrontar gastos excesivos por motivos médicos. Estas cifras reflejan el deterioro de un sistema sanitario marcado por la falta de financiación, la desigualdad en la distribución de recursos y la fragmentación de los servicios públicos.
Así lo advierte el informe Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México, una investigación de cuatro años elaborada por especialistas de El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología, que examina las reformas del sistema sanitario mexicano durante el siglo XXI y sus consecuencias sobre la población.
El documento señala que la situación de la cobertura sanitaria experimentó dos etapas diferenciadas. Entre 2000 y 2016 se produjo una importante expansión del aseguramiento, especialmente con el crecimiento del Seguro Popular. Sin embargo, entre 2016 y 2024 la tendencia se revirtió y la cobertura cayó, mientras aumentaron los gastos excesivos que deben asumir las familias.
En 2004, el 58,9% de los hogares mexicanos carecía de aseguramiento sanitario. Para 2016, esa proporción había descendido al 8,3%. No obstante, en 2024 volvió a situarse en el 31,4%, según los datos recogidos en el estudio.
El retroceso fue especialmente pronunciado en los municipios con mayor rezago social. Entre 2018 y 2024, la proporción de hogares sin aseguramiento pasó del 6,2% al 62,7% en las localidades con niveles altos y muy altos de rezago social. En los municipios con menor rezago, el indicador aumentó del 9% al 21,3%.
Menos cobertura y más gastos para las familias
La pérdida de cobertura ha estado acompañada de un incremento de los desembolsos que realizan los hogares para atender sus necesidades médicas. En 2024, 5,7 millones de hogares incurrieron en gastos excesivos por motivos de salud, una categoría que incluye tanto los gastos catastróficos —cuando superan el 30 % de la capacidad de pago del hogar— como los empobrecedores, que pueden situar a una familia por debajo de la línea de pobreza.
El informe advierte que esta situación afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que tienen menos capacidad económica para afrontar los costes de una enfermedad.
La investigación también recoge testimonios de trabajadores de la economía informal que describen las dificultades para acceder a atención médica. Entre las expresiones recogidas en un estudio de 42 entrevistas figuran: "No tengo derecho a enfermarme" y "para nosotros, el médico es un lujo".
El documento explica que muchas de estas personas posponen los tratamientos hasta que el dolor o la enfermedad les impide continuar trabajando. Cuando deciden buscar atención, recurren en ocasiones a consultorios privados o adyacentes a farmacias para evitar las esperas del sistema público.
Un sistema con recursos insuficientes
Otro de los problemas identificados es la financiación. México destina el 5,5% de su producto interior bruto a la salud, pero el gasto público representa apenas el 2,8%, una proporción inferior al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La insuficiencia presupuestaria tiene consecuencias sobre la infraestructura, el equipamiento, el suministro de medicamentos y las condiciones laborales del personal sanitario.
México dispone de 1,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, frente a las 2,4 de promedio en las Américas y las 4,3 de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La situación también se refleja en la disponibilidad de profesionales. El país cuenta con 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,7 de promedio de la OCDE. En enfermería, la diferencia es mayor: México tiene 2,9 profesionales por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio de esa organización alcanza los 9,2.
A estas carencias se suma la precariedad laboral. Entre 2005 y 2022, la proporción de médicos que trabajaban en condiciones precarias pasó del 58,7% al 75,5%. En el caso del personal de enfermería, aumentó del 49% al 67,3%.
Diabetes, mortalidad materna y cáncer de mama
El deterioro del sistema también tiene consecuencias sobre los principales indicadores de salud de la población. El informe examina el control de la diabetes, la mortalidad materna, la atención del cáncer de mama y las muertes evitables.
La diabetes afecta a 14,4 millones de personas en México, aproximadamente el 18% de la población adulta. Aunque el 77,3% de los pacientes ha sido diagnosticado y el 90,9 % recibe tratamiento, solo el 33 % consigue mantener la enfermedad bajo control.
La investigación atribuye parte de este deterioro a los cambios institucionales derivados del desmantelamiento del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, posteriormente, el IMSS-Bienestar. Según los estudios analizados, estos cambios estuvieron asociados a un incremento del 14,8% en las hospitalizaciones evitables por diabetes y a una caída del 3,2% en la proporción de pacientes controlados.
La mortalidad materna constituye otro de los indicadores preocupantes. Después de casi dos décadas de descenso, la tasa comenzó a aumentar en 2019 y alcanzó las 76,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2021. Se trata de un nivel que, según el informe, no se registraba desde 1990.
En cuanto al cáncer de mama, el documento identifica diferencias importantes en el diagnóstico temprano. El sector privado detecta casi el doble de casos en etapas iniciales que el IMSS y el ISSSTE. Entre la población sin seguridad social, la presencia de metástasis en el momento del diagnóstico es seis veces más frecuente.
El estudio también analiza las muertes evitables, aquellas que podrían prevenirse mediante intervenciones sanitarias oportunas y efectivas. México registra una tasa superior a 400 muertes por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio de los países de la OCDE.
Además, para 2024, la tasa de muertes evitables entre la población mexicana sin seguridad social era casi un 30 % superior a la de quienes contaban con ella.
Reformas sin una solución estructural
Los investigadores sostienen que la fragmentación del sistema constituye uno de sus principales problemas estructurales, al mantener diferentes esquemas de financiación, cobertura y prestaciones en función de la situación laboral y de aseguramiento de las personas.
Como conclusión, el estudio plantea que la cobertura universal no podrá alcanzarse únicamente mediante cambios institucionales o intervenciones parciales. Los autores consideran necesario establecer una estrategia de Estado a largo plazo, respaldada por un pacto nacional que permita incrementar de manera considerable la inversión pública en salud y reducir las desigualdades en la distribución de los recursos.
El objetivo, señala la investigación, debe ser construir un sistema integrado y equitativo, capaz de garantizar una protección efectiva frente a la enfermedad y sus consecuencias económicas.

