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La Corte Internacional de Justicia declara que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás y ordena reparaciones y retorno seguro

El tribunal reconoció los ataques del grupo armado ARSA del 25 de agosto de 2017, pero concluyó que la respuesta militar fue desproporcionada y tuvo intención de destruir a la población civil.

Carlos DominguezPublicado el · Actualizado · 4 minutos de lectura
La Corte Internacional de Justicia declara que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás y ordena reparaciones y retorno seguro
Un hombre musulmán camina por un camino sin asfaltar en un pueblo de MyanmarAFP.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin. Es la primera vez en sus 80 años de historia que el máximo tribunal de las Naciones Unidas establece la responsabilidad de un Estado por genocidio.

Un fallo histórico

El tribunal, integrado por 15 jueces, adoptó la decisión por nueve votos a favor y seis en contra. El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que la única inferencia razonable que explica las acciones de Myanmar es la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá en el norte de Rakáin, uno de los elementos centrales para calificar un crimen como genocidio.

La sentencia concluye un caso presentado en 2019 por Gambia ante la CIJ, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. Gambia invocó la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que permite a un Estado demandar a otro cuando considera que ha violado sus obligaciones internacionales.

El fallo es definitivo y no admite apelación. Sin embargo, la CIJ resuelve disputas entre Estados y no puede procesar individualmente a militares o dirigentes; esa responsabilidad corresponde a tribunales penales y a las propias autoridades de Myanmar.

ARSA y la respuesta de Myanmar

Los rohinyá son una minoría étnica musulmana perseguida en Myanmar. La inmensa mayoría son civiles, aunque existe un grupo armado local, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA).

El 25 de agosto de 2017, ARSA atacó unos 30 puestos de seguridad y una base militar en el norte de Rakáin. Murieron 12 miembros de las fuerzas de seguridad birmanas. Myanmar calificó al grupo de terrorista y utilizó esos ataques para lanzar las denominadas "operaciones de limpieza".

La Corte Internacional de Justicia reconoció los ataques de ARSA, pero concluyó que Myanmar actuó con intención genocida y que la respuesta militar fue desproporcionada y dirigida contra la población civil rohinyá.

La CIJ determinó que las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miles de civiles rohinyá, cometieron violencia sexual generalizada y ejercieron violencia extrema contra niños. La evidencia citada por la CIJ respalda la estimación de alrededor de 10.000 rohinyá asesinados, aldeas destruidas de forma sistemática y medidas orientadas a prevenir nacimientos dentro de la comunidad.

Trump reabre el diálogo con Min Aung Hlaing sin levantar las sanciones

La Administración Trump ha reabierto canales de diálogo con el Gobierno de Min Aung Hlaing, aunque mantiene las sanciones financieras contra el dirigente. Según informó Reuters, los contactos comenzaron en septiembre de 2026, cuando el subsecretario de Estado, Michael Vance, se reunió con Min Aung Hlaing en Naipyidó para gestionar la liberación del empresario estadounidense Adam Castillo.

Las conversaciones se centraron inicialmente en el combate contra los centros de estafa que afectan a ciudadanos estadounidenses, pero también abordaron la posibilidad de una mayor cooperación. Un documento estratégico del Departamento de Estado vincula la diplomacia de paz con la ampliación de la influencia de EEUU y la exploración de acceso a las reservas de tierras raras de Myanmar.

El Departamento de Estado sostiene que el diálogo busca defender intereses estadounidenses y avanzar en el cese de la violencia, el acceso humanitario y la liberación de presos políticos. Sin embargo, Washington no ha levantado las sanciones contra Min Aung Hlaing, impuestas tras el golpe de Estado de 2021 y vinculadas, entre otros motivos, a los abusos contra la minoría rohinyá.

Reparaciones y retorno

La Corte ordenó a Myanmar permitir y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas.

Más de un millón de rohinyás viven actualmente en campamentos de Cox’s Bazar, en Bangladesh, tras huir de la represión militar de 2017.

El tribunal también exigió al Estado birmano investigar de forma inmediata y efectiva a todas las personas sospechosas de haber cometido actos de genocidio y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas. Además, Myanmar deberá indemnizar a la comunidad rohinyá por los daños que no puedan repararse mediante la devolución o sustitución de propiedades.

La sentencia incluye otras medidas de reparación: recuperar o reemplazar bienes perdidos o dañados, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas. También ordena al régimen aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer garantías de no repetición.

La sentencia también reconoce que los rohinyás constituyen un grupo étnico diferenciado, con idioma y cultura propios, y por tanto un grupo protegido bajo el derecho internacional contra el genocidio. Ese reconocimiento es relevante porque Myanmar ha negado históricamente la identidad rohinyá y los ha descrito como migrantes bengalíes.

Reacciones internacionales

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Myanmar cumplir la decisión de la Corte, incluida la obligación de permitir el retorno seguro, voluntario y digno de los refugiados y la reunificación familiar.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el fallo como un posible punto de inflexión para la justicia de los rohinyás y para el fin de la impunidad en Rakáin.

Reino Unido anunció medidas diplomáticas inmediatas y expulsará al agregado de defensa de Myanmar y convocará al encargado de negocios birmano, además de pedir una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el fallo.

Límites de la sentencia

La decisión de la CIJ es vinculante, pero el tribunal carece de mecanismos propios para imponerla. Queda por ver si el régimen de Min Aung Hlaing, quien comandó el Ejército durante la represión de 2017 y lideró el golpe de Estado de 2021, cumplirá las órdenes de la Corte.

Myanmar ha negado sistemáticamente el genocidio y sostuvo que sus operaciones respondían a una insurgencia armada. El país alega que no estaba obligado a permanecer inactivo frente a ataques que dejaron muertos entre sus fuerzas de seguridad.

El fallo establece la responsabilidad internacional del Estado, no una condena penal individual. Aun así, crea un precedente importante para víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo, y aumenta la presión internacional sobre un régimen que busca legitimidad diplomática.

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