El juez de distrito Robin L. Rosenberg desestimó el intento del abogado floridano Lawrence Caplan de usar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para prohibir que Donald Trump vuelva a ocupar cargos públicos. Rosenberg dictaminó el jueves 31 de agosto que Caplan y los otros dos demandantes no estaban legitimados para pedir a la Justicia que proscribiera al expresidente, porque "los perjuicios alegados no son reconocibles y no le son propios".
Caplan, Barry Butin y Michael Strianese habían alegado que como ciudadanos y residentes americanos se verían perjudicados si Trump podía participar de las elecciones primarias y presidenciales tras haber violado la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda. Esta prohíbe ocupar cargos públicos a quien habiendo prestado juramento a la Constitución hubiese participado de una "insurrección o rebelión" o prestado "ayuda o protección" a los enemigos de la ley suprema del país.
Sin embargo, el magistrado afirmó que "un ciudadano individual no tiene legitimación para impugnar si otro individuo está cualificado para ocupar un cargo público". Y que como los demandantes no estaban legitimados, tampoco lo estaba la Corte. Por tanto: "El Tribunal concluye que carece de competencia en razón de la materia y desestima la demanda".
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Al desestimar la denuncia, Rosenberg no debió responder a preguntas clave sobre el uso de la enmienda constitucional para vetar al expresidente, como si los casos contra Trump en Washington y Georgia o su participación en el 6 de Enero son suficientes para activar la Decimocuarta Enmienda. O si alcanza con que un funcionario electoral lo quite de la boleta, sin necesidad del aval de la Justicia.
Caplan no fue el único, sin embargo, en comenzar a mover los engranajes de esta provisión constitucional contra el expresidente. Las organizaciones activistas Free Speech For The People y Mi Familia Vota enviaron una carta al secretario de estado de Florida, Cord Byrd, reclamando que active la Sección Tres contra Trump. Otros nueve homólogos de Byrd en otros estados recibieron misivas similares. Como estas, iniciativas a lo largo de todo el país han puesto el foco del debate en los secretarios de Estado.
Los secretarios de Estado, un paso al frente
"Hablo todos los días con mis colegas sobre esto", dijo la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson en conversación con ABC News. Benson reconoció que hace un año comenzó a dialogar sobre cómo prepararse para los desafíos legales contra la candidatura de Trump con sus colegas de Pensilvania, Georgia, Nevada y New Hampshire.
Así que creo que el público debe estar preparado para que esto sea un tema continuo, que tiene varios puntos de resolución y de evolución a lo largo del ciclo electoral.
El abogado Robert Davis exigió a Benson que declare al expresidente inelegible en Michigan, estableciendo un plazo de 14 días desde el lunes 28 de agosto. "Haga lo que haga el secretario de Estado en respuesta a este desafío legal, habrá una demanda", adelantó Davis a The Detroit News. "Sin duda".
En New Hampshire, el fiscal general, John M. Formella, y el secretario de Estado, David M. Scanlan, debieron salir a desmentir que hubiesen decidido aplicar la Decimocuarta Enmienda contra el principal candidato republicano.
En el comunicado en que negaron haber decidido usar la Tercera Sección contra Trump, los funcionarios sí aclararon que la Oficina del Secretario de Estado pidió a la del fiscal general consejo sobre el significado de la enmienda y su "posible aplicabilidad de la disposición al próximo ciclo electoral presidencial".
La Fiscalía General está examinando detenidamente las cuestiones jurídicas implicadas.
Esto ocurrió luego de que el abogado Bryant Messner, conocido como 'Corky', anunciase que iniciaría el proceso para impugnar a Trump y, supuestamente, se reuniese con Formella. Messner fue candidato del Partido Republicano para el Senado en 2020.
El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, concluyó después de sopesar el asunto que no tenía la autoridad necesaria para vetar la participación de Trump en las elecciones. Así lo aseguró a Azcentral al explicar que la Corte Suprema del estado había dictaminado que sólo el Congreso tenía la autoridad de aplicar una cláusula de inhabilitación. En una entrevista posterior reculó, de acuerdo al mismo medio: "Sigue siendo una cuestión abierta. La ley de Arizona no es la única que tenemos disponible".
BREAKING: Arizona's Democrat Secretary of State Adrian Fontes has confirmed he CANNOT remove Trump from the 2024 ballot.
“Now, the Arizona Supreme Court said that because there’s no statutory process in federal law to enforce Section 3 of the 14th amendment, you can’t enforce…
— Charlie Kirk (@charliekirk11) August 31, 2023
Menos dubitativa fue la oficina de Frank LaRose, secretario de Estado de Ohio: en un comunicado de prensa recogido por ABC News tildó el uso de la Sección Tres contra Trump como una "teoría legal marginal" y aseguró desconocer intentos de aplicarla en su estado.
No prevemos que se nos diga que deneguemos el acceso a las urnas a ningún candidato que cumpla la legislación de Ohio.
El candidato republicano a favor de la Sección Tres
El ex gobernador Asa Hutchinson también ha hablado en favor de utilizar la Decimocuarta Enmienda contra Trump. Durante el debate entre candidatos del GOP, Hutchinson sostuvo que Trump "estaba moralmente inhabilitado para volver a ser presidente como resultado de lo ocurrido el 6 de Enero".
Luego aseguró que entre quienes coinciden con él se encuentran "juristas conservadores" que decían que la Enmienda Decimocuarta podría haberlo descalificado "como resultado de la insurrección".
GOP Presidential candidate Asa Hutchinson on why he won’t support Trump:
“Donald Trump was morally disqualified from being president again as a result of what happened on Jan. 6…
Conservative legal scholars who say he might be disqualified under the 14th Amendment...”… pic.twitter.com/8vu2fag1MV
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 24, 2023
