
Un juez aprobó este viernes un acuerdo de hasta 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas contra el gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer por los presuntos efectos cancerígenos de su herbicida Roundup, uno de los productos más utilizados para combatir las malas hierbas.
El juez Timothy Boyer, de un tribunal estatal de San Luis, Misuri, otorgó la aprobación definitiva al acuerdo, que busca compensar a personas diagnosticadas con linfoma no hodgkiniano, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, tras haber estado expuestas al producto.
Según informó Reuters, el fallo representa un avance importante para Bayer, que desde la adquisición de Monsanto en 2018 enfrenta miles de litigios relacionados con Roundup.
El acuerdo figura entre los mayores convenios colectivos de indemnización por daños personales en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con Associated Press.
¿Cuánto recibirán las personas afectadas por Roundup?
Las indemnizaciones para quienes ya han sido diagnosticados con linfoma no hodgkiniano oscilarán entre 10.000 y 165.000 dólares, dependiendo de factores como el tipo y la duración de la exposición, así como el uso doméstico o profesional del herbicida.
El acuerdo también contempla a personas expuestas a Roundup antes del 17 de febrero de 2026 que todavía no han desarrollado la enfermedad, pero que reciban un diagnóstico dentro de los 16 años posteriores a la aprobación definitiva, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Según el comunicado oficial de Bayer, Monsanto financiará las compensaciones mediante pagos anuales limitados y decrecientes durante un período máximo de 21 años, hasta alcanzar los 7.250 millones de dólares.
Christopher Seeger, abogado principal de los demandantes, celebró la decisión y aseguró a la AFP que el acuerdo representa una de las pocas vías efectivas para que numerosas personas afectadas puedan recibir compensación.
¿El glifosato de Roundup provoca cáncer?
El ingrediente activo de Roundup, el glifosato, lleva años en el centro de un debate científico y judicial sobre sus posibles efectos en la salud.
En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos, basándose en evidencia limitada de cáncer en humanos y evidencia suficiente en animales de experimentación.
Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha mantenido una evaluación diferente y considera que el glifosato no tiene probabilidades de causar cáncer en humanos cuando se utiliza conforme a las indicaciones autorizadas.
Bayer rechaza que Roundup sea cancerígeno y sostiene que las evaluaciones científicas y regulatorias respaldan su seguridad. La compañía también ha señalado que los acuerdos judiciales no constituyen una admisión de responsabilidad.
Bayer busca poner fin a años de litigios
Desde que adquirió Monsanto por aproximadamente 63.000 millones de dólares en 2018, Bayer ha destinado miles de millones a resolver reclamaciones relacionadas con Roundup.
La compañía considera que la aprobación judicial del nuevo acuerdo, junto con una decisión de la Corte Suprema estadounidense emitida en junio sobre las demandas por falta de advertencias en las etiquetas, podría contribuir a reducir su exposición a litigios actuales y futuros.
En un comunicado, el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, calificó la aprobación definitiva como un paso decisivo en la estrategia empresarial para controlar los riesgos judiciales relacionados con Roundup.
Como parte de sus medidas para reducir los litigios, Bayer comenzó en 2023 a retirar progresivamente del mercado residencial estadounidense las formulaciones de Roundup que contenían glifosato, aunque el compuesto continúa utilizándose en el sector agrícola.
El acuerdo aprobado no supone el cierre automático de todas las demandas contra Bayer, pero establece un mecanismo de compensación a largo plazo para un amplio grupo de reclamantes y representa un avance importante en uno de los conflictos judiciales más costosos de la industria agroquímica.

