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sábado, 21 de noviembre de 2026Sin rodeos. Solo noticias.
Política

Donald Trump firma una orden ejecutiva que obliga a contratistas federales a coordinar con la Casa Blanca antes de responder al Congreso

La medida abarca a decenas de miles de proveedores y subcontratistas, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en la rescisión de contratos y la suspensión de futuros acuerdos con el Estado.

Andrés Ignacio HenríquezPublicado el · 3 minutos de lectura
Trump
El presidente Donald Trump-AFP.AFP.

El presidente Donald Trump firmó a última hora de este viernes una orden ejecutiva que instruye a todos los contratistas y subcontratistas federales a consultar directamente con su administración antes de responder a cualquier solicitud o requerimiento enviado por el Congreso.

La directiva establece que las empresas privadas deben retener cualquier comunicación que el Ejecutivo considere protegida y coordinar con la Casa Blanca y las agencias correspondientes las "respuestas apropiadas" ante las peticiones legislativas.

El documento presidencial advierte de manera explícita que aquellas compañías que incumplan con este protocolo se exponen a la rescisión inmediata de sus contratos vigentes, así como a la suspensión para participar en futuras licitaciones con el Gobierno federal. La disposición alcanza a un universo de decenas de miles de empresas que prestan servicios en diversas áreas de la administración pública.

Blindaje frente a la futura mayoría opositora

La orden ejecutiva forma parte de la estrategia preventiva de la administración Trump para contener la avalancha de investigaciones y citaciones que los demócratas anticipan desplegar una vez que asuman el control de ambas cámaras del Congreso en enero.

Legisladores demócratas han señalado a los contratos gubernamentales —especialmente en el ámbito del Pentágono— como uno de sus objetivos prioritarios de fiscalización.

En una hoja informativa oficial, la Casa Blanca enmarcó la nueva normativa como una herramienta indispensable para "proteger los privilegios ejecutivos de la extralimitación del Congreso".

El comunicado argumenta que ciertos líderes parlamentarios han intentado vulnerar las prerrogativas constitucionales del Poder Ejecutivo mediante el "acoso a empresas privadas que tienen contratos con el Gobierno federal".

Restricciones internas en las agencias gubernamentales

El decreto del viernes se suma a las directrices emitidas a comienzos de esta semana por el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, quien notificó a todas las agencias federales que deben obtener aprobación previa de su despacho y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de aceptar comparecencias ante comités parlamentarios.

Scharf también respondió con firmeza a las cartas enviadas recientemente por el representante demócrata Robert García —principal figura de su partido en el Comité de Supervisión de la Cámara Baja—, quien exigió la preservación de documentos a funcionarios y familiares del mandatario.

El asesor legal desestimó el requerimiento recordando a los legisladores demócratas que aún no ostentan la mayoría legislativa para exigir cumplimiento y advirtió que determinadas pesquisas partidistas podrían constituir una "criminalidad flagrante".

El recurso al privilegio ejecutivo constituye una herramienta constitucional utilizada históricamente por presidentes de ambos partidos para resguardar la confidencialidad de las deliberaciones internas del Gobierno frente a presiones legislativas o judiciales.

Con esta nueva reglamentación sobre los proveedores privados, la Casa Blanca consolida una línea de defensa institucional unificada antes del inicio de la nueva legislatura en el Capitolio.