
El juez del Tribunal Federal de Distrito Steven D. Merryday dictaminó este jueves que la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra la editorial Penguin Random House y el diario The New York Times puede seguir adelante, permitiéndole al mandatario republicano continuar con su batalla legal por las publicaciones tanto del medio como del libro "Lucky Loser", de los periodistas del Times Susanne Craig y Russ Buettner, en el cual se examina su ascenso en el sector inmobiliario.
Tras examinar el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso New York Times contra Sullivan, en el que se estableció el criterio jurídico para las demandas por difamación presentadas por figuras públicas, el juez federal concluyó que Trump podría llegar a demostrar que los periodistas publicaron información falsa sobre él a sabiendas de que no era cierta. "Cualquiera que publique la afirmación de que otra persona ha cometido un delito de la complejidad descrita en algunas de las declaraciones cuestionadas (...) necesariamente procede con motivos específicos para dudar de la veracidad de sus afirmaciones y con conocimiento de una alta probabilidad de que sean falsas", escribió Merryday, quien fue designado por el expresidente George H. W. Bush.
Trump sostiene que los artículos y el libro contienen afirmaciones falsas que perjudicaron sus empresas y dañaron su reputación personal. Una versión anterior de 80 páginas de la demanda fue desestimada porque, según el tribunal, no incluía un resumen conciso de los argumentos y estaba repleta de "vituperios e invectivas".
En octubre del año pasado se presentó una demanda enmendada de 40 páginas que eliminó las referencias a las elecciones presidenciales de 2024. Las conversaciones de mediación fracasaron, al igual que una solicitud de los demandados para trasladar el caso a un tribunal federal de Nueva York.
Tanto el Times como Penguin Random House han negado haber difamado a Trump y señalaron en un documento presentado ante el tribunal que la demanda carece de fundamento jurídico y busca obtener réditos políticos.

