
El Departamento de Justicia (DOJ) sumó a Bill Essayli, el principal fiscal federal de Los Ángeles, a la investigación penal sobre la redada que el FBI realizó en 2022 en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Florida. Además, Essayli analizará cómo el exfiscal especial Jack Smith manejó el caso de los documentos clasificados.
En concreto, Essayli fue nombrado fiscal federal adjunto especial, un cargo temporal, y seguirá al frente de su oficina en California. Su tarea forma parte de una investigación más amplia que el DOJ abrió bajo la actual Administración Trump y que se conoce como la de la "gran conspiración".
Esa investigación busca determinar si exfuncionarios de las fuerzas de seguridad y dirigentes demócratas vulneraron los derechos de Trump durante su primer mandato, y si funcionarios de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden participaron de un plan de varios años para mantenerlo lejos del poder.
La redada del FBI en Mar-a-Lago
El 8 de agosto de 2022, agentes del FBI allanaron con una orden judicial la residencia de Trump en Palm Beach. Buscaban documentos clasificados que se había llevado al dejar la Casa Blanca.
Ese mismo día, Trump criticó duramente la operación: "Son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI".
En noviembre de ese año, Smith fue designado fiscal especial y quedó a cargo de dos causas contra el entonces expresidente Trump. Una era por los documentos clasificados y otra por su conducta tras las elecciones presidenciales de 2020. Ambas derivaron en cargos penales y Trump se declaró inocente.
Dos años después, la redada en Mar-a-Lago quedó bajo la lupa por motivos de procedimiento. En 2024, el propio equipo de Smith reconoció en documentos judiciales que las carátulas de “secreto” y “alto secreto” que aparecían en la famosa foto de los papeles esparcidos en el piso habían sido colocadas por agentes del FBI. Además, admitió que en algunas cajas los documentos ya no estaban en el mismo orden en que habían sido incautados.
Para el historiador Victor Davis Hanson, investigador de la Hoover Institution, la operación estuvo manchada desde el inicio. “Se llevaron entre 11.000 y 14.000. Solo había 102”, le dijo este mes al Daily Signal, en referencia a los documentos incautados y a los que tenían marcas de clasificación. Según Hanson, se trató del primer allanamiento a la casa de un expresidente en la historia del país.
En julio de 2024, la jueza Aileen Cannon desestimó el caso de los documentos al considerar que el nombramiento de Smith había sido inconstitucional. Además, tras la victoria electoral de Trump frente a Kamala Harris, Smith cerró ambas causas, ya que las normas del DOJ impiden procesar a un presidente en funciones.
