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Rachael Rollins, 'fiscal de Soros' en Massachusetts, dimite tras acusarle el DOJ de conducta partidista y malas prácticas

La investigación concluye además que Rollins abusó de su puesto, violó el código ético y filtró información para influir en la elección del fiscal de Distrito de Boston.

Rachael Rollins, durante una rueda de prensa.

(Flickr/Joshua Qualls/Massachusetts Governor’s Press Office)

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Rachael Rollins, fiscal federal de Massachusetts, anunció su dimisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que denuncia su conducta partidista y malas prácticas. El documento acusa a Collins, una de las fiscales de Soros, de participar en actos del Partido Demócrata, abuso de poder, ignorar la política de regalos y viajes del DOJ y, especialmente, de filtrar información interna del DOJ a periodistas para favorecer al candidato que ella respaldaba como fiscal de distrito de Boston.

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Rollins, "muy por debajo de los estándares de profesionalidad"

La conclusión del informe es demoledora. La Oficina del Inspector General Michael Horowitz se mostró muy crítica con la labor y la actitud de la fiscal, que fue propuesta para el cargo por la Administración Biden, llegando a criticar su profesionalidad y juicio:

La conducta de Rollins descrita a lo largo de este informe violó las regulaciones federales, numerosas políticas del DOJ, su Código Ético y la ley aplicable y estuvo muy por debajo de los estándares de profesionalidad y juicio que el Departamento debería esperar de cualquier empleado, y mucho menos de un Fiscal de los Estados Unidos.

Presuntas violaciones de la Ley Hatch de Rollins

La investigación comenzó tras las denuncias recibidas en el DOJ por la presencia de Rollins en un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en 2022 el que participó la primera dama, Jill Biden. La fiscal acudió, además, haciendo uso del vehículo oficial y su chófer. En un primer momento, el inspector general trató de discernir si la presencia de Rollins en el acto suponía una violación de la Ley Hatch, que limita la actividad política de los empleados federales.

No obstante, una vez iniciado el proceso, el número de quejas aumentó, así como los temas sobre los que se le acusaba. A su actividad partidista se sumaron avisos sobre presuntas violaciones de las normas federales sobre regalos, viajes, abuso de poder y, especialmente, filtrar información "sensible y no pública" del DOJ a periodistas para favorecer a un candidato a fiscal respaldado por ella.

En el curso de nuestra investigación, la OIG recibió múltiples acusaciones adicionales relativas a Rollins, algunas relacionadas con otras supuestas actividades políticas y otras con posibles infracciones de las normas federales sobre regalos, la normativa gubernamental sobre viajes, el abuso de posición, el incumplimiento de las decisiones de recusación y el incumplimiento de otras políticas del Departamento. La más preocupante fue la acusación de que Rollins reveló en secreto al Boston Herald información sensible y no pública del DOJ sobre una posible investigación del DOJ de la que ella y su oficina estaban recusadas, y que podría haberlo hecho con fines políticos en relación con unas próximas elecciones locales.

Un nombramiento polémico

La carrera de Rollins siempre estuvo rodeada de polémica, incluyendo su periodo como fiscal de distrito en Boston. Se trata de una de las fiscales de Soros, apoyada financieramente por el magnate y que mantenía una política suave con los criminales. Su elección como fiscal federal de Massachusetts también generó una agria disputa entre los legisladores demócratas y los conservadores, que se oponían radicalmente a su nombramiento. La vicepresidenta Kamala Harris tuvo que hacer uso de su prerrogativa de deshacer empates en el Senado para que Rollins terminara ocupando el cargo.

"Mal juicio y lapsus éticos"

El principal detractor de que Rollins accediera al puesto fue el senador del GOP Tim Cotton. Tras conocerse el informe, subió a su cuenta de Twitter su intervención en la cámara alta argumentando contra su nominación. Cotton la describió como "una ideóloga procriminal", y denunció su "historial de mal juicio y lapsus éticos".

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