El Gran Jurado de Florida acusa a la política migratoria de Biden de promover la trata de menores

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, carga contra la Administración Biden por sus políticas migratorias. En un informe de 46 páginas, la Fiscalía General, junto con el Gran Jurado de Florida, acusaron a las autoridades encargadas del control de migrantes de promover la trata de seres humanos. Una situación en la que los menores de edad no acompañados resultarían especialmente vulnerables.

Según la Fiscalía de Florida, la Administración Biden habría ocultado estos hechos.

La denuncia del Gran Jurado y la Fiscalía se centra en las políticas de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que crearían una situación de vulnerabilidad que afecta a los migrantes y a los menores no acompañados. De acuerdo con el informe de 46 páginas, las políticas de la ORR podrían ser consideradas como un crimen de "negligencia infantil".

Según el escrito del Gran Jurado de Florida, la ORR estaría facilitando la migración forzada, la venta y el abuso de niños extranjeros. "Este proceso (la política migratoria federal) expone a los niños a horribles condiciones de salud, amenazas criminales constantes, tráfico laboral y sexual, robos, violaciones y otras experiencias a las que no hacen justicia las meras palabras", indica la acusación del Gran Jurado.

"Como madre, estoy indignada por cómo el Gobierno de Biden y otras autoridades han fomentado esta pesadilla mediante políticas y están desatendiendo a cientos de miles de niños, sometiéndolos a abusos y agresiones sexuales incluso después de cruzar la frontera", afirma la fiscal Moody en su comunicado.

Lucha contra la política de Biden en Florida

De acuerdo con los datos de la Patrulla Fronteriza, recogidos por el Tampa Bay Times, en el último año fiscal, las autoridades se encargaron de 127.477 menores migrantes no acompañados, de los que 13.195 fueron a parar al estado de Florida.

No es la primera vez que la Fiscalía General de Florida choca con fuerza contra la política migratoria del Gobierno Federal. A principios de marzo, Ashley Moody le ganó el pulso al presidente cuando un juez federal aceptó su demanda y declaró ilegal la política migratoria de Biden. El juez Kent Wetherell dio entonces al Gobierno federal la orden de cambiar su política de control de fronteras.

Florida sufre una fuerte presión migratoria que empeoró con la llegada de la Administración Biden, quien redujo progresivamente los medios y recursos de los que disponen las autoridades de control fronterizo, creando una grave crisis a las puertas de los Estados Unidos debido al conocido como "efecto llamada".