Preocupación por la inseguridad jurídica para las inversiones en Brasil luego de que la Corte suprema confirmara la suspensión de X

La Corte Suprema de Brasil confirmó este lunes la decisión de uno de sus jueces de suspender la red social X, al alegar incumplimientos judiciales de la plataforma propiedad del multimillonario Elon Musk.

El acceso a X, antiguo Twitter, dejó de estar disponible a través de su sitio web y su aplicación móvil desde la madrugada del sábado, horas después del bloqueo ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Los cinco magistrados de una sala del STF, incluyendo a Moraes, votaron en sesión virtual en apoyo de la medida.

"Elon Musk demostró su total irrespeto a la soberanía brasileña y, en especial, al poder judicial, colocándose como verdadero ente supranacional e inmune a las leyes de cada país", dijo Moraes al refrendar su decisión en unos comentarios recogidos por AFP.

Entre tanto, la decisión de las autoridades brasileñas comienzan a preocupar a los inversores. De hecho, el multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman explicó que el fallo probablemente alejará a la inversión privada.

“China cometió actos similares que llevaron a la fuga de capitales y al colapso de las valoraciones. Lo mismo le sucederá a Brasil a menos que se retracte rápidamente de estos actos ilegales”, sostuvo Ackman en un mensaje publicado en la red social.

En ese sentido, un artículo del analista político internacional Anderson Riverol, publicado en RealPolitik, explicó que el cierre de X en Brasil tiene consecuencias debido a que afectará a los emprendedores del país, pero sobre todo plantea dudas sobre el funcionamiento de las instituciones en el país y la seguridad jurídica de los empresarios.

“El cierre de X en Brasil tiene consecuencias significativas, especialmente en el ámbito económico, ya que perjudica a los pequeños emprendedores en el vasto territorio brasileño. Además, crecen las dudas sobre la probidad de las instituciones, sus valores democráticos y sus verdaderas intenciones al limitar el derecho de los individuos a estar informados por los medios que elijan”, dijo Riverol.

En ese sentido, agregó que “esta medida se presenta como una arbitrariedad, utilizando las instituciones del estado para coaccionar a las personas en disputas que pueden considerarse poco relevantes para el ciudadano común. A medida que estas acciones avanzan, la credibilidad de las instituciones se ve cada vez más comprometida”.