Javier Milei ya tiene fecha para votar su legislación de cabecera, la Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. El extenso texto contiene una larga lista de reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales, que pretenden devolver al país sudamericano hacia las ideas de la libertad. Luego de semanas de negociaciones en el Congreso, el nuevo presidente ya tiene fecha para votar su creación.

El libertario llegó a la Casa Rosada como uno de los presidentes con menor fuerza en el Congreso desde el regreso a la democracia en 1983. Cuenta solo con 40 de los 257 diputados y con 8 de 72 senadores, por lo que el Poder Ejecutivo comenzó a tejer alianzas para lograr tener éxitos legislativos. En esta materia, el hombre de confianza de Milei se llama Guillermo Francos, quien resulta ser el ministro del Interior.

Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar su mega ley y, tras semanas de debate y negociaciones en las distintas comisiones, el Proyecto de Ley logró avanzar al pleno de la Cámara de Diputados y se votará el próximo martes 30 de enero.

"Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto Proyecto de Ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos", se lee en el texto inicial de la ley.

Los cambios en la mega ley de Milei

Ante la poca representación legislativa, Milei tuvo que negociar con los otros espacios para poder finalmente avanzar una versión con la que todos puedan vivir. En este aspecto, los gobernadores de las distintas provincias tuvieron un fuerte protagonismo en las negociaciones con el Gobierno, acordando los siguientes cambios.

Primero, negociaron que el Poder Ejecutivo se comprometa al "cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la CABA", en relación a un dinero que el Gobierno le debe a la Ciudad de Buenos Aires debido a una retención durante la gestión de Alberto Fernández.

A su vez, los gobernadores pidieron que se modifique el segundo párrafo del Artículo 164° del Proyecto de Ley, con el objetivo de que el blanqueo de capitales, que no tenía asignación específica, pase a ser coparticipable y ayude a las arcas provinciales.

El tercer punto de acuerdo fue la no eliminación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el cual tiene como objetivo asistir financieramente a las provincias, el Estado Nacional y CABA.

En cuarto lugar, los gobernadores, que tienen una gran influencia en el Senado, exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y las entidades educativas.

A su vez, propusieron los activos del FGS de Anses al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma.

En sexto y último lugar, acordaron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.