La Asamblea Nacional de Ecuador aprueba el proceso de juicio político contra Guillermo Lasso
El presidente está siendo señalado de malversar fondos públicos por un acuerdo que firmó la anterior administración gubernamental.
Guillermo Lasso / Cordon Press.
Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió habilitar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, tras la aprobación de 88 de los 116 asambleístas presentes. Ahora, el mandatario podría enfrentarse a una destitución.
Lasso está siendo señalado de malversar fondos públicos, un delito que presuntamente se cometió por un contrato irregular entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la firma privada Amazonas Tanker.
El presidente ha explicado que el acuerdo en cuestión fue firmado en 2018, antes de que él tomara posesión en 2021. Incluso la Comisión de Fiscalización Legislativa y Control Político emitió un informe que sugería no enjuiciar al mandatario por falta de pruebas. Pero los legisladores de ese organismo (controlado por la oposición) decidió no aprobar el documento.
“Mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno en apenas 22 meses de gestión. Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos”, dijo Lasso tras asegurar que no ha cometido peculado.
La acusación de la oposición asegura que el mandatario fue advertido de que el contrato no era beneficioso para el país y que no lo suspendió.
Una posible destitución
El próximo paso implica convocar una nueva sesión para que el mandatario se presente ante la Asamblea y que los parlamentarios se pronuncien a favor o en contra de la censura y la destitución del presidente. Para ello se requeriría el respaldo de al menos 92 de los 137 integrantes del Parlamento.
“Tengo que defender mi honor también, no he cometido peculado y se lo tengo que decir a todos los asambleístas”, dijo el mandatario.
Lasso baraja la opción de “muerte cruzada”
Guillermo Lasso ha dejado entrever que no tiene intenciones de permitir que el vicepresidente asuma el liderazgo de la nación, por lo que está considerando la opción de llamar a una muerte cruzada, una figura constitucional que permite disolver la Asamblea Nacional para convocar a elecciones.
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