"Ver a las multitudes católicas es una bofetada para un que tiene un apoyo tan insignificante en Nicaragua". Así se despachó el obispo hondureño monseñor Antonio Canales contra la medida del Gobierno nicaragüense de prohibir todas las procesiones de Semana Santa en un país que es muy mayoritariamente católico. Hace pocos días, sin embargo, la primera dama del país Rosario Murillo, que en este caso no es una figura meramente simbólica sino que participa muy activamente en las decisiones de poder, anunció la liberación de 2.500 presos comunes para que pudieran disfrutar de la Semana Santa. Ninguna mención a los presos políticos.

No ha habido ninguna comunicación oficial al respecto, ni del Gobierno ni tampoco de la jerarquía católica. Han sido las propias parroquias por su cuenta las que han anunciado a sus feligreses que no habría procesiones aduciendo motivos ajenos y en otros casos explicando que habían recibido visitas de las "autoridades policiales". Una fuente religiosa aseguró al diario La Prensa que "el régimen de Ortega y Murillo prohibió las procesiones del viacrucis en todo el país, una de las actividades más destacadas de la Semana Santa. Después de la misa del miércoles de ceniza llegó la Policía para comunicar que no había permiso por razones de seguridad".

La orden del Gobierno llegó después de que Daniel Ortega tildara de "mafia" a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa. El cardenal nicaragüense, Leopoldo José Brenes Solórzano, contestó a ese comentario de Ortega en un mensaje al inicio de la cuaresma en la que recordó a todos los creyentes que había que "amar al enemigo". La Conferencia Episcopal de Nicaragua no se ha pronunciado de forma oficial sobre este asunto.