Últimos casos del organismo de control de USAID: material explícito en dispositivos del Gobierno y facturas falsas

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha inhabilitado a otras tres personas y a una empresa vinculadas a programas de la agencia por conducta indebida relacionada con recursos del Gobierno y fondos de los contribuyentes, según un nuevo informe del organismo federal de control.

La inhabilitación excluye a una persona o empresa de los contratos federales, las subvenciones y otros negocios con el Gobierno durante un periodo determinado. El inspector general de la agencia investiga y remite los casos, y USAID decide si impone la sanción.

En el último caso, un responsable de contratación federal de la Misión de la USAID en Zimbabue, cuyo nombre no se ha revelado, fue inhabilitado después de que una investigación de la Oficina del Inspector General de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, publicada el martes, descubriera que utilizaba el equipo proporcionado por el Gobierno (GTE) para ver y almacenar material sexualmente explícito.

"Las investigaciones de la Inspección General de USAID protegen a los contribuyentes estadounidenses de financiar comportamientos derrochadores, corruptos y, en este caso, pervertidos por parte de empleados federales a los que se les ha confiado la gestión de programas de ayuda exterior en África", declaró un alto cargo de la Administración Trump a Just the News.

El investigado utilizó sus dos iPhones del GTE para ver y almacenar el material y empleó su ordenador portátil para contratar servicios sexuales, lo que incluía el envío de mensajes que parecían solicitar dichos servicios. Las políticas de la USAID prohíben incluso la apariencia de facilitar actividades relacionadas con la trata de personas.

El investigado también admitió ante los investigadores de la OIG que vio y almacenó el material sexualmente explícito en sus dispositivos del Gobierno, pero no parece haber admitido haber solicitado servicios sexuales a cambio de dinero.

Tras la investigación de la OIG, se puso fin al destino en el extranjero de este hombre y, posteriormente, dimitió de USAID. Asimismo, se propuso su suspensión y inhabilitación, y USAID le impuso dicha inhabilitación durante cinco años. El resumen de la investigación no incluye fechas ni una cronología de los hechos.

La agencia, fundada en 1961 por el presidente John F. Kennedy para gestionar la ayuda exterior civil y la asistencia al desarrollo, fue desmantelada de hecho poco después del inicio de la segunda administración Trump, que comenzó en enero de 2025.

En julio de ese año, la administración llevó a cabo recortes masivos de personal, canceló el 83 % de sus programas y transfirió los restantes al Departamento de Estado. Sin embargo, la agencia no fue desmantelada por completo, ya que para ello se requiere una ley del Congreso.

A principios de este mes, otra organización sin ánimo de lucro y dos personas fueron inhabilitadas por defraudar a los contribuyentes estadounidenses .

La investigación de la OIG condujo a la condena y sentencia de Abiodun Ogunwale, de Virginia, y Abimbola Ajayi, de Maryland. Se determinó que habían cometido fraude electrónico y postal, así como conspiración para cometer blanqueo de capitales. Ambos trabajaban para Project HOPE, una organización sin ánimo de lucro financiada por USAID dedicada a la salud pública mundial. A continuación, se les inhabilitó durante tres años, según un informe resumido de la investigación del inspector general de la agencia publicado el 1 de octubre.

Ogunwale ocupaba el cargo de director de desarrollo empresarial de Project HOPE, organización que no ha sido acusada de ninguna irregularidad. Ajayi trabajaba como consultora para la organización sin ánimo de lucro y presentaba facturas fraudulentas elaboradas por Ogunwale para que pareciera que Ajayi había realizado un trabajo que, en realidad, no había llevado a cabo. A continuación, Ogunwale aprobó las facturas fraudulentas y se aseguró de que se pagara a Ajayi. Ajayi también presentó recibos falsos en los que reclamaba gastos de negocio para su propia empresa, AbbiFabDynamics, LLC, y recibió pagos fraudulentos adicionales.

Ajayi utilizó sus ganancias ilícitas para pagar a Ogunwale por su ayuda a través de diferentes vías, incluido el pago de las facturas de su tarjeta de crédito, según informó la OIG.

Además de Ajayi y Ogunwale, AbbiFabDynamics también fue inhabilitada durante tres años.

Just the News lleva meses informando sobre las inhabilitaciones de USAID, incluidas varias solo en el mes de septiembre.

En un caso, la organización sin ánimo de lucro FUVADIS, una entidad colombiana que prestaba servicios de ayuda a migrantes venezolanos, personas LGBTQ+, personas con VIH y otros colectivos, fue inhabilitada después de que una investigación de la OIG revelara que su expresidente y personas afines habrían explotado sexualmente a aquellas personas a las que la organización pretendía ayudar. Otras inhabilitaciones incluyen a organizaciones sin ánimo de lucro que desviaron suministros médicos financiados por EE. UU. para venderlos ilegalmente.

El alto cargo de la Administración Trump estimó que unas 50 personas y organizaciones sin ánimo de lucro han sido inhabilitadas desde que el presidente Donald Trump iniciara su segundo mandato y el multimillonario Elon Musk se propusiera acabar con el despilfarro, el fraude y los abusos en el Gobierno federal —incluido el cierre de USAID y la transferencia de sus funciones útiles al Departamento de Estado—.

La estimación incluye a muchos de los responsables de Hamás descubiertos en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), pero no incluye las más de 100 denuncias contra Hamás procedentes de dicha agencia que están pendientes de resolución en el Departamento de Estado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han denunciado los recortes a la USAID y, en febrero de 2025, firmaron una carta en la que afirmaban que "a pesar del apoyo bipartidista de larga data a las iniciativas de la USAID que luchan contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, la eliminación propuesta de la USAID y su financiación supondría un retroceso de años de progreso en todo el mundo y violaría la legislación estadounidense".

Dicha carta fue firmada por las diputadas demócratas Pramila Jayapal (Washington), Ilhan Omar (Minnesota), Jasmine Crockett (Texas), Raúl Grijalva (Arizona) y Rashida Tlaib (Míchigan), entre otros.

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