Una juez de Florida ha ordenado el nombramiento de un árbitro imparcial para que revise los documentos incautados en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Esta medida bloquea temporalmente la utilización de estos materiales por parte del Departamento de Justicia para realizar una investigación criminal.
Privilegio ejecutivo
Esta decisión tiene una implicación muy importante. El presidente Trump puede hacer valer el privilegio abogado-cliente, como cualquier ciudadano que esté bajo sospecha judicial. Eso no estaba en duda, la cuestión es sobre qué documentos puede alegar Trump que están protegidos por ese privilegio. Pero a ello se añade el privilegio ejecutivo, que es la capacidad de un presidente de proteger las conversaciones que tiene con sus ayudantes en el seno del ejercicio de sus funciones.
Donald Trump había solicitado el nombramiento de un abogado independiente que revisara los materiales, pero el Departamento de Justicia se había negado. En primer lugar, porque consideraba que un ex presidente como Trump no podía reclamar su privilegio ejecutivo en este caso, porque ejercerla supondría socavar los procesos de la presidencia que el privilegio busca proteger. Por otro lado, alegaba que el propio Departamento de Justicia había creado un equipo dedicado a filtrar los documentos distinto del encargado de realizar la investigación, por lo que el arbitraje, ejercido por un abogado independiente, era innecesario.
La juez desconfía del Departamento de Justicia
La juez Aileen Cannon alega: “El Tribunal es consciente de que las restricciones a los procesos penales son desfavorables, pero considera que estas circunstancias sin precedentes exigen una breve pausa para permitir una revisión neutral por parte de terceros que garantice un proceso justo con las salvaguardias adecuadas”. Es decir, que la juez pone en duda la imparcialidad del Departamento de Justicia a la hora de filtrar qué documentos deben quedar protegidos por el privilegio abogado-cliente.
La orden firmada por la juez informa de que hay unas 500 páginas de documentos que están protegidas por el privilegio abogado-cliente. Se trata de documentos referidos a la contabilidad, o a cuestiones fiscales, o a asuntos relacionados con la salud del presidente.
La investigación, paralizada
Esto quiere decir, en la práctica, que el Departamento de Justicia y la Administración tienen que dejar de utilizar los materiales incautados en la investigación hasta que los revise el árbitro imparcial. Una investigacoión que, además, estará prácticamente paralizada hasta el 8 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato.
No obstante, la orden de la juez permite a los funcionarios de inteligencia proseguir con el examen de los posibles perjuicios que podría haber causado Donald Trump a la seguridad nacional, al llevar a su domicilio documentos muy sensibles.
Posibles daños a la reputación
La juez Cannon no ha encontrado en el registro en Mar-a-Lago por parte de la Administración “una muestra convincente de desprecio insensible hacia los derechos constitucionales (del ex presidente Trump)”.
Por otro lado, la juez ha tenido en consideración el daño que se podría infringir a la reputación de Trump en caso de que los materiales incautados se usaran de forma indebida en un proceso criminal en su contra. “Una futura acusación, basada en cualquier grado en una propiedad que debería haberse devuelto, resultaría en un daño a su reputación de un orden de magnitud decididamente diferente” al que podría sufrir cualquier ciudadano.
