Ilegal e incluso inconstitucional. Así califica la Pacific Legal Foundation el plan del presidente Joe Biden para condonar deuda de préstamos universitarios. La asociación de abogados, además, presentó una orden de restricción temporal para evitar que la iniciativa entre en vigor .
En declaraciones a Reason, Caleb Kruckenberg, abogado de la PLF mostró su indignación:
Es flagrantemente ilegal que el poder ejecutivo cree un programa de $500 mil millones -las estimaciones del coste de la medida están entre 300 mil millones y un billón (trillion) de dólares- a través de un comunicado de prensa, y sin autoridad legal o incluso el procedimiento básico de notificación y comentarios para nuevas regulaciones. Así no es como se supone que se hacen las leyes. Sólo el Congreso tiene el poder de aprobar leyes y gastar dinero según la Constitución. Las acciones de la administración aquí son flagrantemente ilegales".
Garrison vs Departamento de Educación de EEUU
La demanda la ha interpuesto Frank Garrison, también miembro de la fundación. Garrison recurrió a préstamos universitarios federales para poder pagar la carrera. Para él, la propuesta de Biden le supone un coste añadido, en forma de impuesto estatal. Hasta ahora, el letrado está reduciendo su deuda acogido al programa de Perdón de Préstamos del Servicio Público (PSLF). Se trata de una iniciativa federal para aquellos beneficiarios de préstamos federales que desarrollan un servicio público en organizaciones sin ánimo de lucro. Quienes entran en el programa deben hacer un cierto número de pagos y cumplir con unos ratios de ingresos. Con estas condiciones, el PSLF condona el resto de la deuda.
A pesar de que en el plan de Biden no se contempla que se grave la nueva ayuda, al menos seis estados estudian hacerlo, al considerarla como un ingreso: Indiana -Garrison vive aquí-, Wisconsin, Carolina del Norte, Minnesota, Mississippi y Arkansas. El proyecto presidencial entregará a partir de octubre entre diez y veinte mil dólares a unos ocho millones de estudiantes que cumplen con los requisitos para la condonación cuyos datos ya están en manos del Departamento de Educación, incluido Garrison. Éste "no pidió la cancelación, no la quiere, y no tiene manera de optar por salir de ella". De ahí la demanda.
"Hacer leyes por medio de la prensa"
Kruckenberg señala en su análisis que las prisas de la Administración y el "hacer leyes por medio de la prensa, amenazan con dejar a decenas de miles de personas atascadas con una factura de impuestos sobre el dinero que (los estudiantes) nunca verán en estados como Indiana, donde (además) se gravará como ingresos". Desde PLF insisten en que Biden ha violado tanto la Constitución como la Ley de Procedimiento Administrativo, que otorga al Congreso, y no al presidente, la facultad de elaborar nuevas normas.
Por su parte, la Administración aseguró que puede perdonar unilateralmente las deudas de los préstamos universitarios sin consultar al Congreso. Para ello, Biden se remite a la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para los Estudiantes, o Ley HEROES, de 2003. Esta norma permite al presidente cierta capacidad para anular o posponer el pago de los préstamos a los universitarios durante las emergencias nacionales. Según Biden, la pandemia de Covid debe ser vista como emergencia nacional -aunque él acabe de declararla "terminada" oficialmente-.
¿Puede justificarse el plan de Biden como acciones directas frente a la pandemia?
En este sentido se pronunció, Cristopher Schroeder, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno:
Concluimos que reducir o cancelar los saldos de capital de los préstamos universitarios, incluso para una amplia clase de prestatarios que el secretario determina que sufrieron daños financieros debido al Covid, podría ser una respuesta admisible a la pandemia.
Pelosi, en julio: El presidente "no tiene ese poder"
Algo que no comparte la PLF. Los abogados indican que los daños que pretende mejorar la iniciativa no son un "resultado directo" de la "emergencia nacional", como exige la Ley HEROES. "En la medida en que la ley pueda justificar la condonación, la doctrina de las cuestiones importantes requiere una clara autorización del Congreso para una acción económica y políticamente significativa, que no existe en este caso", se recoge en la demanda.
Será la Justicia quien dicte la última palabra sobre una iniciativa que está generando un gran debate en la sociedad estadounidense. Y no sólo según los colores políticos: La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señalaba el pasado julio que Biden "no tiene ese poder".
