Un fiscal alerta sobre los peligros de una ley que "destruirá" el sistema de justicia penal en Illinois

"Nunca, en mis 40 años en esta profesión, pensé que vería algo parecido a esto... La intención de esta ley es destruir el sistema de justicia penal y no voy a permitir que eso suceda", afirmó James Glasgow.

En Illinois, el fiscal demócrata del condado de Will, James Glasgow, alertó en declaraciones a Fox News sobre una ley de reforma de la justicia penal que "atará las manos" de los fiscales y "destruirá el sistema de justicia penal":

Nunca, en mis 40 años en esta profesión, pensé que alguna vez vería algo parecido a esto... La intención de esta ley es destruir el sistema de justicia penal en Illinois, y no voy a permitir que eso suceda.

La Ley de Seguridad, Responsabilidad, Justicia y Equidad-Hoy (SAFE-T) fue firmada en 2021 por el gobernador del estado, JB Pritzker, e implementará reformas radicales en el sistema de justicia, aseguró el fiscal que, además, demandó a Pritzker con la esperanza de evitar que la normativa entre en vigor en enero de 2023.

Más de 100 fiscales contra la ley

Según la Ley SAFE-T, el asesinato en segundo grado, la agresión con agravantes, los delitos relacionados con las drogas, la intimidación, el robo de vehículos y el incendio provocado no serán delitos sancionables con detención a menos que se demuestre que el sospechoso es un riesgo para la seguridad pública.

Los críticos de la ley están en desacuerdo algunos de las normativas que se incluyen:

  • La eliminación de la fianza en efectivo.
  • Prohibir a los jueces considerar el comportamiento anterior de un acusado para determinar si es un riesgo para la seguridad pública.
  • Nuevas políticas de formación policial, sin financiación adicional para los departamentos.

Glasgow es uno de los fiscales de más alto perfil que se pronunció en contra de la ley y se une a la lista de más de 100 de 102 fiscales estatales -demócratas y republicanos- que se oponen a su aplicación.

El fiscal comentó que la mayor "falacia" de esta nueva ley es que más de la mitad de los reclusos de las cárceles serán liberados. Y los acusados ​​de delitos graves, aunque seguirán detenidos, deben ser llevados de nuevo a juicio dentro de los 90 días posteriores a su aplicación, de lo contrario, quedarían en libertad. La tarea de llevarlos a juicio, afirmó, es "prácticamente imposible dado la complejidad de muchos casos legales":

¿Alguna vez has oído hablar de algún gobierno que apruebe una ley para liberar a todos en sus cárceles? Nadie ha hecho eso antes, y nadie pensaría en hacerlo... Eso sería un suicidio.

"La conclusión es que tiene que haber un equilibrio", dijo Glasgow. "Y cuando alguien se pasa de la raya, con respecto a un crimen violento, eso debe abordarse agresivamente para evitar que esa persona dañe a otras personas".