Durante el último año fiscal que finalizó en septiembre de 2022, los funcionarios fronterizos de EEUU interceptaron 2.4 millones de inmigrantes que intentaban cruzar la frontera sur de nuestro país. Un dato récord que muestra el caos y la confusión creados por una administración que habría prometido desde su llegada a la Casa Blanca, altavoz en mano, un trato justo y humanitario para los millones de inmigrantes que intentan entrar masivamente en nuestro país. Promesas vacías que no hicieron otra cosa que incentivar la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos mientras el gobierno se veía obligado a aplicar el Título 42 y devolver a cientos de miles de inmigrantes a sus países debido a la coyuntura sanitaria del Covid-19.

Como respuesta, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la Operación Lone Star, que desplegó policías estatales y miembros de la Guardia Nacional en la frontera para repeler y arrestar a los inmigrantes que cruzaban hacia EEUU sin permiso de entrada. Texas también comenzó a construir un muro fronterizo financiado por el estado y aprobó la devolución en caliente de inmigrantes interceptados dentro del estado de regreso a los puertos de entrada para que estos pudieran ser procesados por las autoridades de inmigración. Por último, incluso se aventuró a enviar a muchos de los inmigrantes admitidos a otros estados y ciudades santuario.

Hasta la fecha, el estado ha gastado más de $4 mil millones para reducir la inmigración ilegal aunque podríamos decir sin éxito alguno durante los últimos dos años. Por ello, varios legisladores estatales entienden que es hora de dar un paso más y proponen detener estos flujos, que ellos denominan una “invasión”, con varias propuestas de ley que anteponen la competencia del estado de Texas sobre el control fronterizo frente a un Gobierno federal que es el único ejecutor de la ley de inmigración y ciudadanía de EEUU

Hablamos de varias propuestas de ley, como la presentada por Matt Schaefer, representante de Tyler y miembro del Texas House Freedom Caucus, quien ya en 2017 introdujera una enmienda a un proyecto de ley destinado a prohibir las llamadas ciudades santuario en el estado y que permitía a la Policía preguntar sobre la situación migratoria durante una detención policial. Dicha propuesta de ley, que dejó fracturadas las relaciones en la legislatura, sería finalmente aprobada y entró en vigor después de que fuera firmada por el gobernador Greg Abbott.

Ahora el proyecto de ley (HB 20) de este mismo representante incluye la creación de unidades de policía itinerantes compuestas, en parte, por "ciudadanos respetuosos de la ley", lo que aumenta la posibilidad de que ciudadanos armados se enfrenten a los inmigrantes en la frontera. Dichas ‘Unidades de Protección Fronteriza’, serían supervisadas por un jefe designado por el gobernador, y podrían "arrestar, detener y disuadir" a los potenciales solicitantes de asilo que ingresan en los EE.UU. sin documentación. Se trata de un proyecto de ley que pondría sin lugar a dudas a prueba los límites del estado para hacer cumplir la ley de inmigración, algo que los tribunales estadounidenses y la jurisprudencia han dictaminado históricamente que corresponde al ámbito federal exclusivamente, es decir al Gobierno.

Delito grave

De manera similar la legislación de Schaefer también convertiría en delito grave el allanamiento de la propiedad privada en Texas por parte de inmigrantes que ingresan desde México. La propuesta de ley también prevé una multa de $10,000 para quienes sean sorprendidos cruzando de forma ilegal al país y elevaría el acto de entrada sin permiso o documentos de un delito menor, como lo es actualmente bajo la ley federal, a un delito grave de tercer grado.

Además añade que si el Gobierno federal declara alguna vez otra emergencia nacional de salud pública por el Covid-19, o algún requisito de vacunación contra el mismo para cualquier ciudadano estadounidense, incluidos los trabajadores del gobierno y de atención médica, entonces el estado podría expulsar a los inmigrantes ilegales “lo más rápido posible”.

Las críticas no se han hecho esperar y apuntan a que estas nuevas ‘Unidades de Protección Fronteriza’ de Texas estaría en conflicto directo con los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas. Se cuestiona adicionalmente cómo trabajaría el estado de Texas con México, que tendría que aceptar que las personas sean devueltas por funcionarios estatales. Actualmente, bajo la política federal de inmigración, si una persona no es ciudadana mexicana, México negocia directamente con el Gobierno de los EEUU para determinar cuántos acepta y si el país está dispuesto a recibir ciudadanos no mexicanos.

En la Cámara de Representantes estatal se ha presentado otro proyecto de ley (HB 7), liderado por el representante Ryan Guillén, republicano de Rio Grande City, que incluye la creación de un sistema judicial paralelo al federal de inmigración para juzgar a los inmigrantes y traficantes de personas detenidos por las patrullas estatales. La propuesta establece y respalda recaudar una combinación de fondos públicos y privados para financiar el tribunal y continuar construyendo un muro a lo largo de la frontera de Texas con México.

Cadena perpetua para reincidentes

Por último, y en una señal de que la cámara alta estatal también está dispuesta a hacer todo lo posible para detener la inmigración ilegal, el vicegobernador, Dan Patrick, que supervisa el Senado, anunció que respaldaría la legislación que convierte en delito estatal la entrada de personas que cruzan ilegalmente a Texas. El proyecto de ley 2424 del Senado, impulsada por el senador Brian Birdwell, republicano de Granbury, encarcelaría además a una persona durante uno o dos años si esta intenta ingresar al país por segunda vez e incluso castigaría al inmigrante reincidente con cadena perpetua si hubiera sido condenado previamente por un delito grave.

Entre los retos más evidentes podemos anticipar las demandas que se interpondrán por parte de los grupos autodenominados defensores de los derechos civiles que quieren mantener la jurisprudencia aplicable, que data de 2012, en el caso de Arizona vs. Estados Unidos. Recordemos que Arizona aprobó también una ley estatal en 2010 que permitía a los agentes de policía arrestar a las personas si no podían proporcionar documentación que demostrara su presencia legal en el país, a lo que el Gobierno de Barack Obama respondió demandando al estado, y alegando que las leyes de inmigración solo podían ser aplicadas por el Gobierno federal. En 2012, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó en una decisión de 5 a 3 que la Policía Local no tenía la autoridad para arrestar a alguien basándose únicamente en su estatus inmigratorio.

Lo que está claro es que los líderes republicanos del estado de Texas están dispuestos a impugnar esta decisión. De hecho, en una audiencia del comité de seguridad fronteriza el mes pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que le gustaría ver casos que “pongan a prueba” el fallo en Arizona vs. Estados Unidos. Proyectos de ley como el HB 7 y el HB 20 se verían como casos de prueba ideales si se impugnan en los tribunales, como se esperaba. “Tenemos un tribunal diferente”, dijo Paxton a los legisladores estatales, refiriéndose a la mayoría conservadora de 6-3 del Tribunal Supremo solidificada por tres nombramientos bajo la presidencia de Donald Trump. “Tenemos la mejor oportunidad que hemos tenido nunca de anular (Arizona vs. Estados Unidos) y darle al estado la capacidad de proteger a sus ciudadanos”.