El primer ministro israelí acordó a última hora del pasado lunes aplazar su plan de reforma judicial hasta la próxima sesión del Parlamento, según declaración hecha pública por uno de los socios de la coalición de gobierno, tras los graves disturbios ocurridos en todo el país. Como parte del acuerdo, se creará una Guardia Nacional, dependiente del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. "Acepté retirar el veto al aplazamiento de la reforma judicial a cambio de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se comprometa a que esta reforma se llevará a la Knesset para su aprobación, dijo el ministro ultranacionalista Ben-Gvir.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había destituido este pasado domingo a su ministro de Defensa y compañero de filas en el Likud, Yoav Gallant, por criticar su controvertido plan de reforma judicial, duramente contestado por cientos de miles de ciudadanos israelíes en las calles de las principales ciudades del país. Gallant había pedido al Parlamento israelí, Knesset, que retrasara su decisión sobre el proyecto del ley de Netanyahu hasta después de las vacaciones de Pésaj (Pascua judía).
Durante las últimas semanas, el primer ministro Netanyahu se ha enfrentado a los críticos de su plan: los cientos de miles de personas que han acudido a las protestas, los ex primeros ministros y funcionarios de defensa, destacados judíos norteamericanos y el fiscal general de Israel. Pero es posible que no pueda ignorar la oposición de una institución clave: el poderoso e influyente ejército israelí. Un número cada vez mayor de reservistas israelíes han amenazado en las últimas semanas con retirarse del servicio voluntario si el gobierno conservador, que tomó el poder a finales del año pasado, sigue adelante con su polémico plan de reforma judicial, según afirman fuentes del ejército.
El gobierno de coalición tenía previsto aprobar esta semana el discutido plan de reforma judicial, según el cual los cargos electos tendrían más poder para elegir a los jueces del Tribunal Supremo, reduciría la edad de jubilación de los jueces a los 67 años y permitiría a la Knesset anular las decisiones del tribunal con mayoría simple.
