Maestras de California demandan al distrito escolar por obligarlas a engañar a los padres sobre la identidad de género de sus hijos

Las educadoras alegan violación de sus derechos bajo las clausulas de libertad de expresión y libre ejercicio de la Primera Enmienda.

Dos maestras de una escuela secundaria de California decidieron demandar a la junta de educación estatal y a su distrito escolar por presuntamente obligarlas a ocultarles a los padres si sus hijos quieren cambiar de género.

Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, fueron las maestras que presentaron la demanda en contra de la Escuela Intermedia Rincon, el Distrito Escolar Unido de Escondido (EUSD) y la Junta de Educación del Estado de California.

Las educadoras, que llevaban décadas trabajando para la escuela, alegan que se les exigió validar las identidades de género de los niños sin importar si tenían o no el consentimiento de sus padres. “La afirmación del estudiante es suficiente. No hay necesidad de una declaración formal. No es necesario el acuerdo, ni el conocimiento de los padres o tutores para que comencemos a tratar a ese estudiante de acuerdo con su identidad de género”, indica la demanda.

La denuncia también señala que durante el horario escolar se debe usar los pronombres y nombres elegidos por los estudiantes, mientras que cuando se habla con los padres se debe recurrir a los pronombres biológicos y nombres legales a menos que tengan el consentimiento del menor.

Asimismo, la escuela les exigió a los maestros eludir las preguntas de aquellos padres que tengan sospechas sobre las intenciones de sus hijos de cambiar sus identidades de género, y responder que solo se les permite discutir "información sobre el comportamiento del estudiante en relación con la escuela, las reglas de la clase, las tareas, entre otras.”

Adaptación religiosa

Aunque Mirabelli y West son cristianas devotas y por eso lograron obtener una adaptación religiosa sobre el uso de los pronombres y los nombres elegidos por los estudiantes, a ambas se les negó la solicitud de una adaptación para no mentirle a los padres, por lo que ahora alegan violación de sus derechos bajo las clausulas de libertad de expresión y libre ejercicio de la Primera Enmienda.