Las libertades civiles han de seguir un patrón único, no sujeto a partidos, personas o ideologías. El derecho de los nazis a expresar libremente su despreciable discurso debe ser protegido con el mismo vigor que el de Salman Rushdie. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en particular y los buenos libertarios en general solían ceñirse a ese credo. Eso es lo que les diferenciaba de quienes sólo defienden a aquellos con los que comparten ideas. Pero esta gran tradición –que llevó a John Adams a defender a los odiados soldados británicos acusados de la masacre de Boston y a la antigua ACLU a defender el derecho de los nazis a desfilar por Skokie, Illinois– no se ha desplegado en el tratamiento a Donald Trump. El doble rasero se ha manifestado de varias maneras.
El presunto delito más grave que se cita en la orden de registro contra Trump tiene que ver con la Ley de Espionaje de 1917. En el pasado, numerosos libertarios de izquierdas criticaron su amplitud y alcance, calificándola de represiva e inconstitucionalmente vaga. Entre las personas que fueron procesadas, acusadas o investigadas por ella se encuentran iconos progresistas como los socialistas Eugene V. Debs y Charles Schenk, los activistas contra la guerra Daniel Ellsberg y Benjamin Spock, los filtradores (whistleblowers) Julian Assange y Chelsea Manning, los anarquistas Emma Goldman y Alexander Berkman, así como muchos otros que pronunciaron discursos impopulares, participaron en protestas o realizaron otras acciones consideradas antipatrióticas por el Gobierno.
Pero ahora que el zapato está en el otro pie, ahora que la misma norma se está esgrimiendo contra un posible candidato presidencial que ellos detestan, muchos de esos mismos izquierdistas andan exigiendo que esa ley acordeón se extienda para que abarque el supuesto mal manejo de material clasificado por parte de Trump. La ACLU, que ha cuestionado repetidamente la constitucionalidad y aplicabilidad de la Ley de Espionaje a las actividades antigubernamentales de los radicales de izquierda, guarda un extraño silencio cuando la misma ley, excesivamente amplia, se aplica contra una figura política a la que deplora.
El mismo doble rasero parece aplicarse al registro del FBI en Mar-a-Lago. Muchos libertarios se han quejado del recurso excesivo a las órdenes de registro en situaciones en las que bastaría una citación menos intrusiva y más acotada. El fiscal general, Merrick Garland, incluso reconoció que la política del Departamento de Justicia consiste en recurrir siempre que sea posible a medidas menos intrusivas que un registro a gran escala. Sin embargo, no explicó por qué era necesario un registro de un día de duración en la residencia de Trump, sobre todo teniendo en cuenta que había una citación judicial y que podría haberse ejecutado judicialmente en caso de que el Gobierno no se sintiera satisfecho con el progreso de las negociaciones. De nuevo, silencio en la ACLU y en otros libertarios de izquierda.
Tal vez la manifestación más flagrante del doble rasero vigente en estos momentos lo encontremos al comparar los casos de Donald Trump y la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Y es que no se solicitaron órdenes de registro exhaustivo de la vivienda de Clinton, donde al parecer se guardaron servidores privados e incluso se destruyó documentación ya judicializada.
Luego está la forma en que se ha tratado a los leales a Trump cuando han sido encausados. Varios han sido detenidos, esposados y encadenados, a pesar de no haber sido acusados de delitos violentos y de que no había pruebas de que estuvieran planeando huir. Según mi larga experiencia, a la mayoría de los encausados en situaciones comparables simplemente se les notifican los cargos y se les ordena comparecer ante el juez. Pues bien, pese al evidente doble rasero, la izquierda guarda silencio.
Garland declaró de forma encomiable que el Departamento de Justicia se dedica a la "aplicación imparcial de la ley". Pero sus últimas actuaciones sugieren lo contrario. Parece que la protección legal igual para todos ha dejado paso al "plenas garantías para mí pero no para ti".
Tal vez la manifestación más flagrante del doble rasero vigente en estos momentos lo encontremos al comparar los casos de Donald Trump y la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Y es que no se solicitaron órdenes de registro exhaustivo de la vivienda de Clinton, donde al parecer se guardaron servidores privados e incluso se destruyó documentación ya judicializada.
El entonces director del FBI, James Comey, anunció que nunca se había iniciado un proceso penal en un caso comparable de mal manejo de material clasificado. Tampoco cuando el consejero de Seguridad Nacional Sandy Berger ocultó en sus calcetines material igualmente clasificado. Berger fue sancionado administrativamente pero no fue procesado por violar la ley relativa a los documentos confidenciales, ni se le aplicó la Ley de Espionaje.
La Justicia no sólo tiene que ser igual para demócratas y republicanos, sino que debe parecerlo. Debe haber una sola ley, y una sola aplicación de la ley, para todos los actos e individuos comparables. Asimismo, los libertarios con principios deben ceñirse a un mismo patrón sobre las libertades civiles y en las denuncias sobre la vulneración de las mismas. Este ideal saludable parece ausente de los últimos intentos de atrapar a Trump y a sus leales ignorando el principio de justicia igualitaria para todos.
Por el contrario, quienes, pese a nuestra oposición política a Trump, insistimos en que se le deben aplicar los mismos estándares en materia de libertades civiles que a aquellos a los que apoyamos políticamente, hemos perdido amigos, nos han difamado los medios de comunicación y hemos sido cancelados. Este doble rasero inaceptable está tan extendido que pone en peligro el Estado de Derecho y el papel histórico de las libertades civiles, neutrales y no partidistas, que protegen a aquél de la utilización partidista.
