Denuncian una sistemática negación de beneficios penales a los presos políticos en Cuba

Con un total de 1.150 prisioneros políticos registrados al 31 de enero de 2025, el régimen cubano sigue mostrando una política sistemática de negación de beneficios penitenciarios a quienes han sido encarcelados por razones de conciencia y oposición política. Según un estudio jurídico reciente de Prisoners Defenders, una organización española de acción jurídica y defensa pro-democrática, casi el 60% de los presos políticos en Cuba deberían estar gozando de algún beneficio penal, pero la Dictadura se los niega deliberadamente.

Nuevas incorporaciones y excarcelaciones

En enero de 2025, la lista de prisioneros políticos creció con cinco nuevos ingresos, mientras que se registraron 16 bajas: 11 por cumplimiento de condena, dos por absoluciones tardías y tres casos resueltos antes de proceso penal. Además, 201 prisioneros fueron excarcelados bajo un "régimen carcelario-domiciliar" gracias a un acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano. Sin embargo, estos siguen cumpliendo sus penas bajo estricta vigilancia y limitaciones.

A 31 de enero de 2025, Prisoners Defenders reveló que los 1.150 presos políticos están distribuidos en 688 convictos de conciencia, ergo que siguen en prisión; 422 condenados de conciencia, que cumplen penas bajo régimen domiciliario; y los 40 restantes tienen distintas restricciones de libertad. 

La metodología del estudio identificó cuatro grupos principales: hombres menores de 20 años sin antecedentes penales, mujeres sin antecedentes penales, hombres mayores de 20 años sin antecedentes penales y hombres y mujeres con antecedentes penales. 

Negación de beneficios penitenciarios

Prisoners Defenders analizó 440 casos de los 688 convictos de conciencia encarcelados y evidenció que el 59% ya debería haber sido excarcelado, ya sea por reducción de pena, libertad condicional o licencia extrapenal. 

Sin embargo, la organización indica que mientras los presos comunes pueden obtener una reducción de condena de hasta dos meses menos por año cumplido en prisión, los presos políticos son excluidos con la clasificación "CR" (Contrarrevolucionario).

En cuanto a la libertad condicional, la cual suele aplicarse a los presos al cumplir un tercio, la mitad o dos tercios de su condena, según el caso, los presos políticos no suelen contar con ese derecho. 

Por otra parte, las personas con enfermedades graves o mayores de 65 años deberían obtener la licencia extrapenal, pero los presos políticos no acceden a ella pese a las condiciones médicas precarias dentro de las prisiones.

Prisoners Defenders añadió que el 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales debería estar excarcelado, el 100% de los jóvenes convictos de conciencia sin antecedentes penales debería estar en libertad y el 50% de los hombres mayores de 20 años sin antecedentes penales debería estar en régimen abierto.

En declaraciones para el periódico argentino Infobae, Javier Larrondo, presidente de la organización, manifestó: “El régimen de Cuba ha encarcelado a menores en condiciones deplorables. Muchos de ellos están en centros penitenciarios que eufemísticamente llaman ‘Escuelas de Formación Integral’, pero en realidad son prisiones controladas por el Ministerio del Interior”.

Larrondo también hizo un llamado a la Unión Europea y a los Gobiernos democráticos del mundo a involucrarse en la situación de los presos políticos en Cuba.

“La discreción diplomática sólo desvela una profunda falta de solidaridad en muchos estados que se vanaglorian de solidarios, pero cuyos dirigentes no actúan en consecuencia”, dijo a Infobae.

El régimen cubano viola la propia legislación penal de la isla y los tratados internacionales

El estudio de Prisoners Defenders evidencia patrones sistemáticos de negación de beneficios penitenciarios a los presos políticos en Cuba, en violación de la propia legislación penal cubana y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. La falta de transparencia en los expedientes y la discriminación política de estos presos reafirman el carácter represivo del régimen cubano en materia de derechos y libertades fundamentales.