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Trump escala su lucha contra las ciudades santuario con la firma de tres órdenes ejecutivas

La segunda orden busca “fortalecer y liberar a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a criminales y proteger a ciudadanos inocentes”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Inmigrantes suben a bordo de un avión para ser deportados

Inmigrantes suben a bordo de un avión para ser deportadosAFP / Archivo

Emmanuel Alejandro Rondón

La Casa Blanca anunció este lunes que el presidente Donald Trump firmó tres nuevas órdenes ejecutivas para intensificar su ofensiva contra la inmigración ilegal. Una de ellas apuntará contra las ciudades santuario, otra contra los camioneros que no manejen el inglés, y otra les dará mayor fuerza a las autoridades para combatir a los criminales.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la primera orden ejecutiva, que busca poner a los demócratas en cintura en materia migratoria, instruirá a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem a “proporcionar una lista de ciudades santuario en las cuales los funcionarios locales no estén cumpliendo con esta orden federal ni con las leyes federales de inmigración”.

“Es muy sencillo: obedecer la ley, respetarla y no obstruir a los funcionarios federales de inmigración ni a los agentes del orden cuando simplemente intentan eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades de nuestra nación”, insistió Leavitt.

La nueva orden llegaría pocos días después de que un juez federal fallara que una disposición presidencial previa de Trump —que instruía a Bondi y Noem a impedir que las jurisdicciones "santuario" accedieran a fondos federales— probablemente sea inconstitucional.

Ese fallo representó un revés para la Administración Trump, que libra intensas batallas legales para aplicar las disposiciones presidenciales en materia migratoria, enfrentando múltiples sentencias en contra, tanto por sus políticas de deportaciones masivas como por su ofensiva contra ciudades gobernadas por autoridades demócratas que se niegan a colaborar con el Gobierno federal.

Además de la orden contra las ciudades santuario, el presidente Trump firmó una segunda orden ejecutiva que le ordena a su administración el facilitar todos los recursos legales a los agentes policiales acusados de mala conducta, así como revisar y tratar modificar las restricciones que actualmente existen sobre las fuerzas del orden en el país, proporcionar equipamiento militar a las fuerzas policiales locales, y aplicar todas las medidas correspondientes contra aquellos funcionarios que “prohíban ilegalmente a los agentes del orden llevar a cabo sus funciones”. A propósito de dicha orden, Leavitt, comento en una rueda de prensa junto al zar de la frontera Tom Homan que esta “liberará a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a los criminales”.

Finalmente, la tercera orden firmada por Trump tiene objetivo el hacer cumplir las normas existentes que exigen que todos y cada uno de los conductores profesionales de camiones en los Estados Unidos sepan hablar y escribir en inglés. Dicha orden requiere que el Departamento del Tesoro retire oficialmente de circulación a todos los conductores que no sepan hablar ni leer en inglés. “La competencia en inglés debería ser un requisito de seguridad innegociable para los conductores profesionales”, establece esta orden.

La rueda de prensa de Leavitt se produjo apenas un día después de que varias agencias federales lideradas por la DEA llevaran adelante un mega operativo en un club clandestino en Colorado Springs, donde más de cien inmigrantes ilegales fueron arrestados.

Las autoridades afirmaron que el local era frecuentado por “terroristas” del Tren de Aragua (TdA) y el MS-13, dos bandas criminales latinoamericanas que fueron designadas por la Administración Trump como grupos terroristas.

El TdA, en particular, es una banda criminal de rápido crecimiento que ha expandido sus operaciones por todo el hemisferio occidental, incluso plantado células en EEUU. Recientemente, una nueva filtración reveló que el FBI cree que el régimen de Nicolás Maduro podría estar usando a miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública de EEUU y otros países sudamericanos como Colombia, Chile o Perú. 

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