La Administración Trump demanda a Illinois y Chicago por las políticas santuario que obstaculizan deportaciones de ilegales
El Gobierno argumenta que las leyes, que limitan la acción de los agentes federales en estas jurisdicciones, contradicen el estatuto federal que exige que las administraciones estatales y locales no bloqueen el intercambio de información con las autoridades de inmigración.
Pam Bondi, durante su audiencia de confirmación en el Senado
La Administración del presidente Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Illinois, el condado de Cook y la ciudad de Chicago, argumentando que sus leyes de jurisdicciones 'santuario' dificultan la aplicación de la ley de inmigración y la deportación de inmigrantes ilegales.
Un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) explicó al New York Post que esta es sólo la primera de varias demandas que la administración planea presentar contra estados y ciudades que han adoptado medidas de protección para inmigrantes sin estatus legal.
Asimismo, la fiscal general Pam Bondi afirmó que el DOJ no permitirá que las autoridades estatales y locales sigan obstaculizando el cumplimiento de la ley, comprometiendo la seguridad de la población y de las fuerzas del orden, y respecto al caso de Illinois, declaró:
“Durante demasiado tiempo, los líderes de Illinois y Chicago han priorizado la protección de inmigrantes ilegales sobre la seguridad de sus ciudadanos. Esto termina hoy.”
Leyes que limitan la acción del gobierno Federal
El gobierno Federal menciona en la demanda específicamente la Illinois Trust Act, una ley vigente desde 2017, que limita a las agencias estatales y locales hacer cumplir leyes federales de inmigración. Además, en Chicago se rige una ordenanza -aprobada en 2012- que establece que ninguna autoridad local puede arrestar o detener a una persona únicamente por su estatus migratorio.
De acuerdo con la demanda, estas leyes contradicen el estatuto federal que exige que los gobiernos estatales y locales no bloqueen el intercambio de información con las autoridades de inmigración. Un funcionario del DOJ subrayó que la acción legal busca eliminar estas barreras y garantizar que la ley migratoria se cumpla sin interferencias. También advirtió que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
Finalmente, Bondi advirtió que cualquier jurisdicción que interfiera con la aplicación de la ley federal será objeto de acciones legales similares en el futuro.
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