Las ciudades santuario, contra las cuerdas: Trump se rearma para asestar el golpe de gracia

Donald Trump está decidido a cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de asegurar la frontera y sacar del país a quienes entraron de manera irregular, en especial quienes cuentan con antecedentes penales o forman parte de pandillas criminales transnacionales que se establecieron en EEUU gracias a la laxitud de Joe Biden y Alejandro Mayorkas. Uno de los principales escollos para ello son las llamadas ciudades santuario, a las que el presidente ha dejado claro que no levantará el asedio contra ellas hasta acabar con la legislación que la sostiene.

Un mensaje enviado de nuevo en la tarde del lunes en forma de dos nuevas órdenes ejecutivas en las que viene a amenazarlas con la retirada de fondos federales si no cooperan con las agencias de la Administración federal encargadas del arresto y deportación de los indocumentados. La nueva legislación insiste en una primera norma que está en suspenso en los tribunales. Una de las muchas atrapadas por la lawfare demócrata.

Lo que este gesto, que involucra al DOJ y al DHS, entre otros, viene a dejar claro es que Trump continuará ejerciendo presión sobre ellas hasta conseguir su objetivo, le cueste las leyes ejecutivas y la tinta de las firmas que le cueste acabar con los refugios legales que les permiten mantener su estatus.

proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales

En la rueda de prensa en la que se presentó la medida, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explicó que se trata de iniciativas para “dar rienda suelta a las fuerzas del orden estadounidenses para perseguir a los delincuentes" con el fin de "proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales".

"Este presidente está tratando simplemente de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación y se está enfrentando a un obstáculo tras otro", añadió Leavitt. "... Vamos a seguir adelante con esta campaña de deportación masiva".

Un nombre romántico para desobedecer las normas de inmigración federales

Porque, a pesar de su romántico nombre, las llamadas ciudades santuario no dejan de ser, como su nombre indica, ciudades -aunque también condados e incluso estados- que limitan o niegan su colaboración a la Administración Federal en materia de inmigración. En muchas ocasiones, su buenismo ha permitido a la vuelta a las calles de criminales convictos que han vuelto a delinquir, en algunos casos con crímenes que han conmocionado a la opinión pública. 

De acuerdo con el el Centro de Estudios para la Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), se trata de lugares que "tienen leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones, políticas u otras prácticas que obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración y protegen a los delincuentes del ICE, ya sea negándose o prohibiendo a las agencias cumplir con las órdenes de retención del ICE, imponiendo condiciones poco razonables para la aceptación de la orden de retención, negando al ICE el acceso a entrevistar a extranjeros encarcelados, o impidiendo de otro modo la comunicación o el intercambio de información entre su personal y los funcionarios federales de inmigración".

Desde la década de los 80 en EEUU

Históricamente su origen en EEUU se remonta a principios de la década de los 80. Sus raíces provienen de movimientos religiosos y otros autodenominados como "resistencia a las injusticias estatales percibidas". Fue la respuesta de varios grupos para desafiar la negativa del Gobierno federal a conceder asilo a ciertos refugiados centroamericanos que huían de conflictos como El Salvador o Guatemala.

En marzo de 1982, ocho iglesias del sureste del país declararon públicamente ser santuario. John Fife, ministro y líder del movimiento, escribió en una famosa carta al fiscal general William Smith: "la Iglesia Presbiteriana Unida del lado sur violará públicamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad al permitir el refugio en su iglesia a los procedentes de Centroamérica".

Posteriormente, en 1985 San Francisco aprobó una resolución simbólica para declararse "Ciudad refugio". Así, a través de una ordenanza municipal se prohibía el uso de fondos y recursos municipales para ayudar a la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Trece estados y más de 500 condados y ciudades son refugio para los ilegales

En estos momentos, de acuerdo con el CIS, existen 13 estados declarados refugio: se trata de California,  Colorado, Connecticut, Illinois,  Massachusetts, Nueva Jersey,  Nueva York,  Dakota del Norte, Oregón, Rhode Island,  Utah, Vermont y Washington. A ellas se suman más de 500 condados y ciudades propiamente dichas divididas a lo largo y ancho de todo el país.