Organizaciones izquierdistas bombardean con demandas las primeras medidas de Trump
Violación de la Constitución, infracción de leyes federales, vulneración de las protecciones ecológicas... en cuestión de horas el nuevo Gobierno conoció numerosos desafíos legales. El DOGE de Elon Musk, una diana predilecta.

Protesta anti Trump
El frenético ritmo de anuncios y medidas de la flamante Administración Trump fue respondido en las últimas horas con una seguidilla de demandas presentadas por gremios y ONG activistas. Las organizaciones venían preparándose hace meses, bajo la consigna de estar "listos para luchar" desde el día uno.
Una de las medidas que más desafíos legales cosechó es el fin de la ciudadanía por nacimiento. "Negar la ciudadanía a los niños nacidos en EEUU no sólo es inconstitucional, sino también un repudio temerario y despiadado de los valores estadounidenses", aseguraron desde la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), organización activista que presentó una demanda colectiva.
Los demandantes aseguran que la orden de Trump atenta contra la Decimocuarta Enmienda: "Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida". Desde su aprobación hace más de un siglo, afirman, tanto mandatos como decisiones judiciales afirmaron la ciudadanía por nacimiento.
Previendo estas objeciones, la Administración Trump argumentó al comunicar la orden que aquella era una interpretación errónea del texto fundamental. La enmienda nunca abarcó "universalmente a todos" los nacidos en territorio estadounidense, sino que sólo a quien además cumplía el requisito de estar "sujeto" a la "jurisdicción" americana.
Quienes hayan nacido de padres que se encuentran ilegalmente en el país o con un permiso temporal, afirman, no están sujetos a aquella jurisdicción.
El Caucus Hispano del Congreso, compuesto por una treintena de legisladores demócratas, se sumó a los reproches. "Antiestadounidense", "inconstitucional", "maniobra política", son algunas de las palabras que eligieron para describir la medida, que aseguraron crearía una clase de ciudadanos de segunda. Aunque prometieron combatirla, no detallaron cómo.
El DOGE, blanco predilecto
El novísimo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), comandado en solitario por Elon Musk, también deberá pasar por el banquillo varias veces.
Una coalición de organizaciones, que dicen representar a veteranos, profesionales de la salud pública y profesores, afirmaron en una presentación judicial que el organismo no cumple las leyes federales de transparencia. Al ser una comisión externa y no una agencia pública, afirman, podrá dictar políticas federales sin la "transparencia, supervisión o posibilidad de participación pública" exigidas por ley a las últimas.
Entre las instituciones activistas que presentaron aquella demanda se encuentra la combativa Democracy Forward, que el mismo día de la inauguración lanzó un equipo legal de respuesta rápida contra las inminentes medidas del entonces todavía presidente electo.

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Tardó poco en entrar en acción. El mismo 20 de enero, el recién nacido Centro de Respuesta Legal a las Órdenes Ejecutivas anunció una serie de investigaciones sobre la transición. Por medio de pedidos públicos de la información federales y estatales, exigieron documentación sobre los equipos de transición y los "gobiernos estatales de extrema derecha que se preparan para ayudar a la agenda de línea dura y extrema de Trump".
Las quejas legales contra el DOGE son variopintas, desde violar la ley federal sobre las agencias, como alega en una demanda la National Security Counselors, hasta atentar contra la ecología, como sostiene en otra el Center for Biological Diversity. "Musk está utilizando DOGE para lograr el objetivo de larga data de la extrema derecha de desmantelar las protecciones de nuestro aire, agua y vida silvestre más amenazada", dijo el director ejecutivo del centro.
El gremio de empleados públicos AFGE (American Federation of Government Employees), que en las elecciones respaldó primero a Biden y después a Harris, acusó al departamento de carecer de "un equilibrio justo de puntos de vista" y de carecer de reportes públicos sobre su trabajo. Junto a las ONG activistas Public Citizen y State Democracy Defenders Fund presentó su propia demanda.
Contra la reorganización del Estado
Otro sindicato presto a actuar contra la Administración Trump fue la National Treasury Employee Union. Según reportó Reuters, su equipo legal pidió a un juez federal en Washington que bloquee la orden ejecutiva sobre el "Schedule F".
Todavía con la tinta fresca, la orden firmada por el presidente reclasifica a miles de empleados federales. Desde la Casa Blanca explicaron que el objetivo es aumentar la rendición de cuentas, facilitando el despido de aquellos que se resistan a implementar disposiciones mandadas desde el Salón Oval.
Para la presidenta del gremio, Doreen Greenwald, el objetivo es muy distinto: "Administrar pruebas de lealtad política a empleados cotidianos de la plantilla federal que juraron defender la Constitución y servir a su país", de acuerdo con palabras recogidas por The Washington Post.