La publicación por parte de Elon Musk de la correspondencia interna de Twitter en torno a la censura de la exclusiva del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden no hace más que confirmar lo que la mayoría ya sabía: que, a los mandos de Jack Dorsey y Parag Agrawal, Twitter estaba copada por seguidores del Partido Demócrata que censuraban la información que creían que podría dañar a su causa.
El pasado día 2, en un hilo de tuits, el periodista Matt Taibbi expuso la pistola humeante: los frenéticos intentos de afirmar sin pruebas que cualquier referencia a la noticia del NY Post tenía que ser eliminada de la plataforma porque podría proceder de "materiales pirateados". Esto, ahora lo vemos, nunca se creyó en serio, ni siquiera en el seno de Twitter, como dejan claro los intercambios de correos electrónicos.
La historia del Post no fue un "hackeo". No fue "desinformación rusa". Tampoco era "insegura". Los ejecutivos que dirigían Twitter en los 20 días previos a las elecciones presidenciales de 2020 lo sabían claramente, e intentaron encontrar otras justificaciones para lo que se trataba de censura pura y dura.
Nada de esto es nuevo. La parcialidad de Twitter a la hora de censurar o prohibir cuentas conservadoras por "incitación al odio" mientras da servicio alegremente a cuentas del "Líder Supremo" de Irán y de los talibanes es de sobras conocida. En una serie de entrevistas grabadas en secreto con empleados de Twitter, Project Veritas ya había confirmado que el shadow-banning, la manipulación del número de seguidores de determinadas cuentas y la marginación selectiva (de-boosting) de tuits eran manipulaciones cotidianas del propósito declarado de la compañía:
Estamos al servicio de la conversación pública. Por eso nos importa que la gente tenga un espacio libre y seguro para hablar.
Aun así, las revelaciones de Taibbi son el rastro documental que prueba que estas políticas se debatían y ejecutaban en los niveles más altos de la empresa antes de la compra de Musk. De hecho, lo injusto de estas políticas fue aparentemente la razón por la que Musk decidió comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. Musk ha venido prometiendo hacer públicas estas revelaciones desde que se hizo cargo de la empresa, e inteligentemente se las dio a Taibbi para que las examinara previamente.
La "pequeña excepción" fue el callado empeño del representante Ro Khanna (demócrata de California), un político muy progresista cuyo distrito incluye la mayor parte de Silicon Valley, por apelar al entonces jefe de asuntos legales de Twitter, Vijaya Gadde, para que respetara el principio rector de la Primera Enmienda. En un intercambio de correos electrónicos, Khanna hizo ante Gadde una enérgica defensa de la libertad de expresión (y le dio algunos consejos políticos interesantes), pero cayó en saco roto. Felicitaciones a Khanna por su solitaria pero firme defensa de la libertad de expresión. Taibbi también señaló en su hilo que Khanna fue el único funcionario demócrata que hizo algo así.
El reportaje del NY Post, aunque claramente pretendía ser una sorpresa de octubre, no dejaba de ser importante porque sustanciaba y corroboraba informaciones anteriores sobre los negocios de Hunter Biden durante el tiempo en que su padre fue vicepresidente de Barack Obama. Proporcioné algunas de ellas en dos libros, Secret Empires (2018) y Profiles in Corruption (2020), en los que documenté vía registros públicos los tratos de Hunter Biden con intereses extranjeros vinculados con la inteligencia china a través de su empresa, Rosemont Seneca BHT, y el tiempo que formó parte –sin cualificación alguna– del consejo directivo de una turbia empresa ucraniana de petróleo y gas llamada Burisma.
Los investigadores del Government Accountability Institute (GAI) encontraron los papeles de esos acuerdos. No dispusimos hasta más tarde de correos electrónicos de Hunter Biden –o enviados a él– en los que se hablaba de estos hechos. Saludamos al equipo de información e investigación del New York Post por obtener esta información, realizar los análisis forenses necesarios para determinar su autenticidad y publicar la verdad.
De todas las historias de corrupción que he investigado a lo largo de los años, la de la familia Biden ha sido la más vasta y compleja. Seguir el dinero de esta saga me ha llevado a Ucrania, Kazajistán, México, Costa Rica, Rusia y, lo que es más importante, la China comunista. La familia Biden ha hecho negocio con la influencia de Joe, con el conocimiento del propio Big Guy, en esos y otros lugares.
La historia del 'New York Post' era objetivamente exacta, se cubrió de manera perfectamente legítima y fue (tardíamente) corroborada por otros medios de comunicación. En resumen, no había ninguna razón para hacer lo que hicieron Twitter, Roth y Gadde, salvo la de complacer a 'su' partido político.
Las tentaciones chinas de la familia Biden no son más que un ejemplo de lo que estamos hablando. A través de esta investigación hemos conocido lo artero y eficaz que ha sido el Gobierno chino a la hora de cooptar no sólo a familiares de altos cargos electos, también a capitanes de la industria, gigantes financieros, filántropos multimillonarios e instituciones educativas estadounidenses. Me hizo tomar conciencia de lo estratégica que ha sido China con este tipo de añagazas. El GAI sigue analizando cómo China ha corrompido y socavado a Estados Unidos de formas tanto evidentes como sutiles. Los lectores pueden esperar más noticias de GAI sobre este tema en el futuro.
La historia de los Biden también ilustra el ingenio de los políticos corruptos que subcontratan su corrupción a parientes en lugar de arriesgarse a que un posible rastro de papel conduzca hasta ellos. Los Biden, incluso más que Bill y Hillary Clinton antes que ellos, eran un emporio dedicado a la influencia. El reportaje del Post sobre estos tejemanejes fue gratificante para quienes llevamos cubriendo esta historia desde 2017.
Pero aún hay más hilos de los que tirar. Cuando se publicó por primera vez la historia del Post, recuerdo que me sentí aliviado al saber que el FBI había asegurado el ordenador original –con su disco duro externo– de Hunter Biden. La Oficina los obtuvo a través de una citación en enero de 2020, meses antes de que Rudy Giuliani entregara una copia realizada por el dueño de la tienda de informática justo antes de entregarlos al FBI.
Sin embargo, la investigación sobre Hunter Biden del FBI, que se basa en información obtenida del portátil y de otras fuentes, aún sigue activa, casi tres años después. En todo este tiempo, hemos conocido historias de injerencias políticas y dilaciones en el seno del FBI. La opinión pública tiene razón al preguntarse si los fiscales federales se toman tan en serio este caso como se tomaron su silenciamiento los demócratas de Twitter.
Entre tanto, el fiscal general del presidente Biden, Merrick Garland, continúa encargando al FBI la investigación de los disturbios del 6 de enero de 2021 como si se trataran de una vasta conspiración, mientras que simultáneamente ignora lo que ciertamente parecen haber sido esfuerzos bien organizados por Antifa para fomentar la violencia durante los disturbios de 2020, tras la muerte de George Floyd, y la violencia ejercida por organizaciones proabortistas después de que alguien publicara en Twitter las direcciones de los domicilios de los jueces del Tribunal Supremo, lo que provocó un atentado contra la vida del juez Kavanaugh y el incendio o vandalización de varios centros provida.
Como periodista de investigación centrado en la corrupción gubernamental, intento mantenerme en mi carril. Sin embargo, los desvelos de los más altos ejecutivos de Twitter documentados en el hilo de Taibbi me resultan familiares. Se trata de gente, discretamente apartada de los detalles sucios, preocupada no por "servir a la conversación pública", como reza el lema corporativo de Twitter, sino por estar a buenas con un partido político determinado y proteger a sus candidatos frente a las críticas. Los principios o la devoción por la libertad de expresión les abandonaron hace tiempo, sustituidos por la arrogancia de dictar lo que es bueno que el resto de nosotros leamos o no.
Yoel Roth dimitió como responsable de confianza y seguridad de Twitter pocas semanas después de que Musk tomara el control de la empresa. En 2020, aquél fue decisivo para que Twitter proscribiera la exclusiva del Post. En un podcast reciente describió el ambiente de entonces: "No sabíamos qué creer, no sabíamos qué era verdad, había humo". Explicó que la historia "hizo saltar todas y cada una de mis afinadas alarmas de campaña de hackeo y filtración de APT28". APT28 es otro nombre para el grupo ruso de ciberdelincuentes también llamado Fancy Bear, que ha participado en actividades de desinformación en el pasado.
Incluso ahora, Roth sigue intentando estar a todas. En la misma respuesta que acabo de citar, también afirmabó: "En última instancia, no llegué a un punto en el que me sintiera cómodo eliminando ese contenido de Twitter". Pero lo eliminó, y lo hizo durante más de dos semanas críticas, bajo la presión secreta de la campaña de Biden y de los demócratas, desesperados por enterrar una noticia devastadora que implicaba a su candidato presidencial en la corrupción de su hijo a manos de empresarios chinos relacionados con los servicios de inteligencia. La historia del Post era objetivamente exacta, se cubrió de manera perfectamente legítima y fue (tardíamente) corroborada por otros medios de comunicación. En resumen, no había ninguna razón para hacer lo que hicieron Twitter, Roth y Gadde, salvo la de complacer a su partido político.
