Este domingo, 30 de octubre, Brasil tiene ante sí dos caminos completamente diferentes. El de Jair Bolsonaro es el de los valores cristianos, el trabajo, la economía de mercado, y el de Lula da Silva es el del socialismo latinoamericano, la burocracia, la instrumentalización de las instituciones y una economía como la de la Argentina kirchnerista.

El Gobierno de Bolsonaro ha actuado en pro de una economía de libre mercado. Ha creado marcos regulatorios en los sectores del gas y el petróleo, los ferrocarriles; ha dado mayor libertad para emprender y favorecido la libre empresa y el sector privado. Han sido privatizados Eletrobras, puertos, aeropuertos y concesiones de carreteras y ferrocarriles. También ha habido una revolución en las infraestructuras, con más participación de la inversión privada.

Asimismo, Bolsonaro seguiría defendiendo la libertad religiosa y de prensa de una manera claramente diferente a la de su oponente socialista.

En términos institucionales, Brasil tiene serios problemas por el sesgo político de la burocracia estatal, los tribunales (especialmente el Supremo Tribunal Federal, con una mayoría favorable al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva) y las universidades. Bolsonaro no ha podido reducir el adoctrinamiento en la educación superior ni cambiar los contenidos que definen el ingreso a la función pública, pero deberá actuar más en esa dirección, en busca de una reducción de la hegemonía de la izquierda.

Durante su mandato, Jair Bolsonaro ha mantenido una posición claramente provida que se puede ejemplificar en el apoyo al Consenso de Ginebra y la actuación de la ministra Damares Alves, que ha actuado con vehemencia en la defensa de la vida desde su concepción. Hubo un intento de denunciar la ideología de género en las escuelas, pero como todavía hay una burocracia en el Ministerio de Educación muy alineada con la izquierda, es una tarea más difícil de llevar a la práctica.

Si se renueva la presidencia de Bolsonaro, el país seguirá siendo un refugio seguro para las inversiones y ofreciendo gran seguridad jurídica. En 2021 Brasil fue el cuarto país que más inversión extranjera recibió, por delante de Alemania, Japón y México. El agronegocio ha descollado durante la Administración del actual presidente, especialmente por la drástica caída de las invasiones de propiedades privadas, debida a la facilidad de acceso a las armas para los productores rurales, el fin del financiamiento de movimientos criminales como el MST (Movimiento de los Sin Tierra) y la mayor titulación de tierras en la historia de Brasil, lo que ha contribuido a pacificar el campo y incrementar la producción, incluso para los pequeños productores.

Brasil tiene ante sí dos caminos completamente diferentes. El de Jair Bolsonaro es el camino de los valores cristianos, el trabajo, la economía de mercado; y el de Lula da Silva es el del socialismo latinoamericano, la burocracia, el amaño de las instituciones y una economía como la de la Argentina kirchnerista.

Finalmente, se debe incidir en una política de seguridad pública que privilegie al ciudadano respetuoso de la ley y a la policía en detrimento del delincuente. Durante la Administración Bolsonaro, la tasa de homicidios cayó más del 40% en cuatro años. Otro punto relevante fue el fin de la corrupción sistémica que estaba en la base de la gestión del PT, como se evidenció en los escándalos de Mensalao y Petrolao.

La política del expresidente Lula da Silva, en cambio, se verá caracterizada por el socialismo latinoamericano. Es decir, será similar a la del kirchnerismo argentino. En términos económicos, Lula da Silva seguirá una línea entre el keynesianismo y el marxismo, con un aumento del gasto público y los impuestos, una mayor contratación de servidores públicos, la asfixia del sector productivo y la concesión de más crédito a través de los bancos públicos; incluso una mayor emisión monetaria y el desconociendo del aumento de la deuda pública, como se hizo en la Argentina.

Lula también ha defendido abiertamente la regulación y control de sacerdotes y pastores, así como el de los medios de comunicación. Su aliado en el Foro de Sao Daniel Ortega ya persigue en Nicaragua a sacerdotes y locutores católicos: no sería extraño que Lula y el PT hicieran lo mismo.

En caso de ser elegido, Lula intensificará el control de instituciones como el Supremo Tribunal Federal y la maquinaria burocrática. Incluso con el Gobierno de Bolsonaro, líneas cercanas al marxismo dominan las universidades y contratan cuadros burocráticos a través de los cánones de la izquierda.

El activismo judicial, ya presente en el Supremo Tribunal Federal, se redoblará, incluso haciendo innecesaria la aprobación de leyes por el Congreso.

El MST recibirá más fondos para fomentar la inestabilidad en el campo. El propio Lula da Silva ya calificó al agronegocio de “fascista”, demostrando su odio por un sector que apoya visceralmente a Jair Bolsonaro.

La seguridad pública se resentirá con el aumento de la delincuencia y una mayor indulgencia hacia las conductas delictivas. Sectores de la izquierda defienden las tesis del excarcelamiento masivo, la restricción del uso de la fuerza por parte de la policía y una mayor protección de los criminales.

Se espera que la corrupción aumente enormemente. Lula fue detenido por el escándalo Petrolao, que involucraba a Petrobras, pero logró ser liberado por una interpretación legal del juez del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que llevó a cero las investigaciones y sentencias contra el expresidente. Fachin estuvo vinculado al MST e hizo campaña abiertamente por Dilma Rousseff antes de convertirse en magistrado del STF.

Así pues, Brasil se encuentra ante una gran encrucijada en las elecciones más reñidas de la historia después de la redemocratización. Y los modelos son completamente antagónicos.