El pasado jueves, The Heritage Foundation demandó al Departamento de Justicia (DoJ) de la Administración Biden por no bloquear las protestas de proabortistas frente a las residencias de los jueces del Tribunal Supremo. La organización conservadora sin ánimo de lucro considera que los activistas infringieron la ley federal después de que se filtrase un borrador del Alto Tribunal con el que revocó el caso Roe vs. Wade, y sentenció que el aborto no es un derecho constitucional.
Después de que se filtrase la sentencia del Tribunal Supremo, los proabortistas comenzaron con las protestas y las persecuciones a los jueces, hasta tal punto que amenazaron con asesinar a uno de ellos, tal y como señaló la organización en la denuncia:
Las escuelas de los hijos de la jueza Amy Coney Barrett y su iglesia fueron objeto de ataques. Un individuo fue arrestado por conspirar para asesinar al juez Brett M. Kavanaugh y potencialmente a otros jueces, en parte para asegurar que Roe se mantuviera. Pero el Departamento se negó a aplicar el estatuto en cuanto a las protestas en las casas privadas de los jueces.
Grupos antifascistas como ShutDownDC o RuthSentUs ofrecieron recompensas por conseguir información privada de los jueces conservadores que defendieron el derecho a la vida.
Con su demanda, The Heritage Foundation busca conexiones entre el Departamento de Justicia y los grupos de manifestantes. Del mismo modo que el DoJ usó el artículo 18 U.S.C. Sección 1507 (con el que se ilegaliza la obstrucción a la justicia y las protestas frente a las residencias de jueces y magistrados) para bloquear otras protestas, en esta ocasión no se empleó.
El silencio de la Administración Biden
El asesor principal de investigación del Proyecto de Supervisión de The Heritage Foundation, Roman Jankowski, pidió explicaciones al Fiscal General Merrick Garland por no procesar a los activistas proaborto:
El silencio del Departamento de Justicia de Biden sobre estas protestas radicales y las tácticas obviamente intimidatorias fue, y sigue siendo, ensordecedor. El pueblo estadounidense merece saber por qué Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland no solo se han negado a condenar pública e inequívocamente este comportamiento, sino también por qué siguen sin procesar o responsabilizar a aquellos que infringieron la ley en un intento de influir en los procedimientos del Tribunal Supremo. Creemos que hay respuestas a esas preguntas en los documentos que hemos solicitado, y tenemos derecho por ley a esos documentos.
Disparos por defender el derecho a la vida
Las protestas y las amenazas por parte de activistas proaborto, en ciertas ocasiones, sobrepasaron los límites. Hasta tal punto que se usaron armas contra personas que defienden el derecho a la vida.
Una mujer de 84 años que se dedica al voluntariado provida en Michigan recibió un disparo en el hombro mientras recorría un vecindario de su comunidad para discutir con los residentes una propuesta sobre el aborto presentada en una boleta electoral del estado en las votaciones de noviembre.
También se sobrepasan los límites en las escuelas. En Nueva Jersey, niños de 13 años aprenden en los centros escolares sobre el aborto (aparte de sobre el sexo anal u oral) y en Nueva York, las escuelas elitistas recomiendan lecturas sobre cómo abortar en secreto a niños de 5 años.
