Un tribunal federal de apelaciones logró bloquear de forma permanente el intento de la administración Biden de obligar a que aseguradoras y médicos realizaran e incluso pagaran por procedimientos de transición de género.
El fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de EE. UU el pasado viernes, explicó que se emitió una sentencia unánime a favor de los demandantes en Sisters of Mercy v. Becerra, una coalición católica que exigía el respeto de su derecho al libre ejercicio de la religión.
“Catholic Groups Secure Block on Transgender Care Mandate”: Martina Barash of Bloomberg Law has this report.
And Kaelan Deese of Washington Examiner reports that “Appeals court rules Catholic medical centers can’t be forced to perform transgender https://t.co/SANCIlSMeO
— Howard Bashman (@howappealing) December 9, 2022
El polémico mandato
En el año 2016, el Departamento de Salud y Servicios Humanos promulgó una regla que prohibía la discriminación por motivos de sexo en todos los programas de salud y señalaba que los médicos y hospitales que reciben fondos debían tratar a las personas según su identidad de género.
En caso de que algún médico y hospital violara la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, se enfrentaría a importantes sanciones económicas.
La interpretación de este mandato incluía la realización de procedimientos de transición de género sin importar si el paciente era niño, o si el médico tratante consideraba que el procedimiento podría perjudicar al paciente.
Asimismo, se podría obligar a que algunas compañías de seguros privadas cubrieran los costos de estos procesos de transición de género.
La demanda de los católicos
En vista del riesgo que supondría este mandato y la violación que implicaba a la conciencia religiosa de algunos médicos, una coalición católica presentó una demanda para frenar estos intentos.
En enero de 2021, Peter D. Welte, juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. falló a favor de la coalición católica, y aunque la administración Biden apeló, un panel de tres jueces confirmó el fallo de que "la intrusión en el ejercicio de la religión de los demandantes católicos es suficiente para demostrar un daño irreparable".
“El gobierno federal no tiene por qué obligar a los médicos a violar su conciencia o a realizar procedimientos controvertidos que podrían dañar permanentemente a sus pacientes”, expresó el vicepresidente y abogado principal de Becket, Luke Goodrich.
Aunque aun el gobierno podría apelar esta decisión, el letrado manifestó que creía poco probable que lo hiciera.
