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Conspiración anti Trump: ¿quiénes son los que intoxican con noticias falsas?

¿Es de extrañar que tantos estadounidenses hayan perdido la fe en sus líderes e instituciones?

Recientemente, el expresidente Donald Trump impugnó la concesión del Premio Pulitzer a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre su supuesta colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016.

La investigación que acometieron ambas organizaciones fue tan exhaustiva y rompedora que sacó a la luz cosas que ni siquiera existían. Hay que reconocerles el mérito de ese gran reporterismo: el Comité Pulitzer lo hizo.

Por supuesto, ahora sabemos que la gran conspiración aireada por esos periódicos no era más que desinformación que ha sido completamente desmontada

Por haberse negado a rectificar, el Comité Pulitzer debería recibir su propio Pulitzer: el del Fraude.

La intransigencia del Comité Pulitzer es sólo el último ejemplo de por qué tantos estadounidenses han ido perdiendo la confianza en sus instituciones, tanto públicas como privadas. En lugar de admitir el error, y que gran parte de lo revelado no era investigación periodística sino mera recitación de invenciones pergeñadas por sujetos con intereses políticos, el Comité Pulitzer anunció que mantendrá su decisión inicial, y malditos sean los hechos.

La patraña sobre la colusión de Trump con Rusia es emblemática del paradigma adoptado por el movimiento anti Trump, anti America Fist y antipopulista que el pueblo estadounidense lleva viviendo seis años. Tiene muchos de los ingredientes que están exasperando a los norteamericanos. Hablamos de una combinación de fuerzas influyentes -medios de comunicación, redes sociales, actores políticos, el gobierno- que aventa información perjudicial para un color político, curiosamente siempre el mismo. En este caso, el de los populistas -partidarios de los derechos, la sabiduría y las virtudes del pueblo llano, según el Merriam Webster-, que quizá aboguen por el concepto de libertad personal que propugna la Constitución, la economía de libre mercado, el crecimiento económico, la independencia energética, la libre elección de escuela, la aplicación equitativa de la ley y el gobierno descentralizado.

Gran parte del material utilizado para promover la patraña de la colusión con Rusia procede del desacreditado Dosier Steele, pergeñado por el ex espía británico Christopher Steele, financiado por FusionGPS -empresa de investigación de opositores vinculada a los Clinton- y aireado por Michael Sussman, abogado de la campaña de Hillary Clinton. Esa información desacreditada se compartió ampliamente -y, por lo visto, a menudo a sabiendas de su falsedad- a través de los principales medios de comunicación y las redes sociales a principios de 2017, justo antes de que Donald Trump jurara como presidente. El material contribuyó a la puesta en marcha de la investigación sobre el Russiagate de Mueller, que ensombreció los dos primeros años de la Administración Trump. Funcionarios del Gobierno se vieron implicados, ya que el director de la CIA, John Brennan, el director del FBI, James Comey, y el de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DNI), James Clapper, dieron crédito a su supuesta autenticidad o a la gravedad del material ruso. Todo esto afectó tremendamente a la eficacia de la Administración Trump, que quedó signada por la suspicacia y la ilegitimidad desde el principio.

No fue el único ejemplo. Reparemos ahora en el intento de secuestro contra Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, estado clave en las elecciones presidenciales. Según The New York Post, "el FBI sufrió un batacazo cuando un jurado de Michigan concluyó que había atrapado a dos hombres acusados de conspirar para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer” que “habían sido detenidos unas semanas antes de las elecciones de 2020 en un caso de alto perfil fabricado por el propio FBI...".

Sin embargo, la mayoría de los medios trataron el complot como si hubiera sido obra de terroristas domésticos, con la inferencia implícita de que eran de la derecha trumpista. Whitmer llegó a acusar a Trump de estar implicado en el complot, a pesar de que salió a la luz que esos presuntos conspiradores también habían querido supuestamente ahorcar al republicano. Tal y como se demostró más tarde, el FBI había estado muy implicado en la trama por medio de informantes e infiltrados. Cuando el caso llegó a los tribunales, después de las elecciones, Biden ya había ganado en Michigan y el daño ya estaba hecho.

Analicemos también la pandemia del covid. En un primer momento, los hechos eran, supuestamente, que provenía de la "naturaleza" y que, supuestamente, el régimen del Partido Comunista Chino (PCC) no había sabido nada sobre su transmisibilidad entre humanos, pese a que había "hecho desaparecer a quienes dieron la voz de alarma y se había negado a entregar muestras del virus para que Occidente pudiera fabricar una vacuna".

Desde el principio, el PCC fue presentado como un elemento constructivo en el control de la propagación del virus, incluso cuando se dedicaba a retirar del mercado y acaparar todos los equipos de protección individual (EPI). Esta ficción fue reforzada por el Dr. Anthony Fauci, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras voces prominentes, mientras Taiwán trataba inútilmente de advertir a la OMS de la tremenda transmisibilidad del coronavirus entre humanos.

Los principales medios de comunicación y las redes sociales se pusieron enseguida a repetir el relato oficial. Las compañías propietarias de las redes sociales suspendieron cuentas de quienes mantenían versiones distintas, y algunas incluso fueron clausuradas.

Los medios de comunicación, las redes sociales, los funcionarios del Gobierno y tantos otros han sido cómplices en el socavamiento de nuestro Estado de Derecho y posiblemente incluso en la subversión de unas elecciones.

En los diez meses que precedieron a las elecciones de noviembre de 2020 se estableció el relato: el covid-19 era un virus de origen natural y el PCC no era responsable. Imagínese lo diferente que podrían haber sido esas presidenciales si el debate hubiera versado sobre cómo podría el mundo entero pedir cuentas al PCC por la fuga del covid del Instituto Virológico de Wuhan y su posterior encubrimiento de lo sucedido. Ahora, en 2022, se considera que la causa “más probable” fue un escape de laboratorio; pero, de nuevo, el daño político, y una cantidad gigantesca de daño no político, ya está hecho. 

El auténtico fraude parece haber sido el aparente buen comportamiento del PCC y las ahora clamorosamente desacreditadas informaciones iniciales sobre el virus.

¿Y qué decir del encubrimiento de lo relacionado con la computadora de Hunter Biden? El 14 de octubre de 2020, a pocas semanas de las presidenciales, salió a la luz una información extraordinariamente importante de posible tráfico de influencias masivo con altos funcionarios de inteligencia del PCC, Rusia y Ucrania y el hijo de un candidato presidencial de por medio. El contenido del ordenador portátil suscitó el interrogante de si el candidato Joe Biden pudiera estar comprometido. Pero todo se dejó decisivamente de lado, junto con la amenaza para la seguridad nacional que algo así podría entrañar.

El debate sobre el ordenador portátil de Hunter Biden, con su información supuestamente incriminatoria sobre los negocios de la familia Biden con el PCC, Rusia y otros actores en lo que parecía un esquema de pay-for-play, se cerró instantáneamente. Cincuenta y un ex funcionarios de inteligencia del Gobierno, que ahora sabemos eran perfectamente conscientes de que el portátil era auténtico -el FBI llevaba meses reteniéndolo-, publicaron una carta en la que describían que el contenido de la computadora tenía "todas las características clásicas de una operación rusa de información" diseñada para perjudicar a Joe Biden.

La NPR le quitó importancia a la historia y, una vez más, si alguien utilizaba las redes sociales para divulgar información originalmente publicada por The New York Post, era cancelado.

Un año y medio después de las elecciones, los hechos fueron por fin aceptados oficialmente: ¡qué cosas, el portátil de Hunter Biden y el material que había en él "son auténticos"!

Una vez más, los jefes del FBI, los medios de comunicación, las redes sociales y antiguos funcionarios del Gobierno habían pergeñado un bulo para perjudicar a la oposición y a quienes la apoyaban.

Por último, está el Comité del 6 de Enero, órgano de investigación tendencioso a veces denominado "el tercer [intento de] impeachment" contra Trump. El Comité parece haber sido puesto en marcha para impedir que Trump vuelva a presentarse a las elecciones. Antes de que echara a andar, las conclusiones ya estaban predeterminadas: Trump iba a ser declarado culpable de... algo. Como solía decir el jefe de la policía secreta de Stalin, Lavrenti Beria, en pleno terror soviético: "Encuéntreme al hombre y yo le encontraré el crimen". 

Y el juicio espectáculo comenzó.

Incluso el arranque fue ominoso. En un gesto sin precedentes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, vetó la incorporación de los congresistas republicanos Jim Banks y Jim Jordan. Lo que llevó al líder de la minoría, Kevin McCarthy, a retirar a sus cinco candidatos republicanos. Por lo visto, Pelosi quería que en el Comité sólo hubiera gente anti Trump. En las audiencias del mismo no se ha aceptado a ningún testigo de la defensa, ningún contrainterrogatorio, ninguna prueba exculpatoria.

Uno se pregunta si, por ejemplo, el Comité del 6 de Enero tendrá en cuenta un tuit del pasado 29 de julio en el que el general Keith Kellogg decía que el 3 de enero de 2021 Trump, delante de testigos, pidió de hecho las "tropas que fueran necesarias" para el 6 de enero. Kellogg escribió: "Yo estaba en la sala".

Gran artículo. Refuerza mi comentario anterior sobre el Comité del 6 de Enero. Contiene una cita de un reporte del inspector general del Departamento de Defensa sobre la reunión del 3 de enero de 2021 con el secretario de Defensa Miller y el jefe del Estado Mayor Milley en el Despacho Oval, acerca de la solicitud de tropas necesarias para el 6 de enero. Yo estaba en la sala.


Mientras supuestamente examina en detalle cada decisión y acción de Trump y su equipo, el Comité se niega a interrogar a Pelosi, una de las responsables de la seguridad del Capitolio. Se ha informado de que "rechazó" las peticiones de un refuerzo de la seguridad. Según The Federalist,

cuatro días después de los disturbios, el ex jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, que dimitió de su cargo tras los sucesos, declaró a The Washington Post que su petición de refuerzos preventivos de la Guardia Nacional previa al 6 de enero fue rechazada. Sund afirmó que, dos días antes de los hechos, el sargento de armas de la Cámara de Representantes, Paul Irving, supervisado por Pelosi, pensaba que el despliegue de la Guardia daría mala “imagen” (...) Pese a los esfuerzos de Associated Press y del Washington Post de mediar en favor de la presidenta, exonerándola súbitamente de sus deberes de supervisión de la seguridad del Capitolio, los disturbios del 6 de enero fueron un fallo de seguridad del que Pelosi fue responsable. Si la presidenta confiaba en los profesionales de la seguridad para las “decisiones de seguridad", ¿por qué, a medida que se evidenciaba la carencia de fuerzas de seguridad, Irving se sintió obligado a buscar la aprobación de la presidenta para enviar a la Guardia Nacional, tal y como informó The New York Times? ¿Cómo pudo Pelosi ordenar igualmente el cierre prolongado del Capitolio a las visitas, por mor del coronavirus, así como la instalación de detectores de metales en la Cámara de Representantes?".

El Comité no ha evaluado la actuación de la Policía del Capitolio ni de otros cuerpos de seguridad, pero sí ha puesto en el punto de mira los "expedientes privados de personas sin relación alguna con la violencia".

El Comité del 6 de Enero tampoco ha revelado ninguna información sobre los informantes del Gobierno o los agentes encubiertos del FBI que podrían haber estado entre la multitud, y se dice que Pelosi está además bloqueando el acceso a una gran cantidad de documentos. Por último, según el abogado Mark Levin, debido a la separación de poderes consignada en la Constitución, el Congreso no tiene siquiera legitimidad para llevar a cabo una investigación criminal; esa facultad pertenece al Poder Judicial. Todo el proceso es ilegítimo y una usurpación de poderes. La narrativa del Comité es clara: Donald Trump es responsable de los hechos del 6 de Enero, ahora fabriquemos las pruebas para demostrarlo.

En este artículo ni siquiera se ha abundado en los 28 estados que "cambiaron las reglas de votación para impulsar el voto por correo". Al parecer, algunos hicieron omisión tanto de la legislación estatal como de la necesidad de que las legislaturas estatales sean los únicos árbitros de la legislación electoral, tal y como exige la Constitución. Tampoco se ha hablado de los 400 millones de dólares gastados por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg; ni de las más de 2.000 mulas; ni de los algoritmos que trataban correos electrónicos conservadores como spam mientras que los correos con contenido progresista llegaban correctamente a sus destinatarios.

¿Es de extrañar que tantos estadounidenses hayan perdido la fe en sus líderes e instituciones? ¿Es sorprendente que, después de la decisión del Pulitzer, el bulo de la colusión con Rusia, el bulo del secuestro de Whitmer, el bulo del origen del covid, el bulo del portátil de Hunter Biden y ahora el bulo del Comité del 6 de Enero, muchos americanos crean que hay algo que no funciona en el sistema? Los medios de comunicación, las redes sociales, los funcionarios del Gobierno y tantos otros han sido cómplices en el socavamiento de nuestro Estado de Derecho y posiblemente incluso en la subversión de unas elecciones.

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