El Instituto Vera, una organización vinculada al magnate de extrema izquierda George Soros, se lleva 172 millones de fondos públicos para luchar contra la deportación de inmigrantes ilegales. La cifra, revelada por Fox News, avanza que la ayuda gubernamental podría ascender hasta los 1.000 millones en los próximos años.
Los recursos irán destinados a proporcionar abogados a menores extranjeros no acompañados para evitar su deportación. El contrato federal con la Administración Biden es de 171,6 millones hasta el año 2023, pero podría llegar a casi 1.000 millones (983) si se renovase hasta 2027. El Instituto Vera pretende acabar con lo que llaman "encarcelamiento masivo". Para ello, apuestan por reducir el número de prisiones y centros de detención. El grupo también ha mostrado su apoyo a otras propuestas radicales como la de desfinanciar (defund) a la policía.
Este contrato con dinero de los contribuyentes se suma a una larga lista de concesiones. De los 191 millones de dólares que el Instituto Vera ingresó entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, 152 millones procedieron de fuentes gubernamentales. Además, tal y como informó Breitbart en 2018, el grupo vinculado a Soros recibió previamente 310 millones de dólares de la Administración Obama para ayudar a los ilegales a evitar la deportación.
Lluvia de millones en plena crisis migratoria
El millonario contrato para el Instituto Vera coincide con una gran crisis fronteriza. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en mayo hubo una media de 692 menores bajo custodia de la agencia. Se han producido más de 100.000 encuentros con menores no acompañados en el año fiscal 2022, que comenzó en octubre, en comparación con los 147.925 de 2021 y los 33.239 de 2020.
En lo que llevamos de año nos acercamos al millar de muertos en el cruce entre México y USA. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas señala en su último informe que en 2021 se perdieron más de 1.238 vidas durante la migración a EEUU. Al menos 728 de ellas se produjeron en el cruce del límite entre EEUU y México.
En el sur de EEUU hablan de "invasión fronteriza" y desde el control de fronteras llevan tiempo alertando de la situación y criticando a la Administración de Biden por "trabajar para el caos y la anarquía" en una frontera controlada por los traficantes. La respuesta del Gobierno es la de echar más leña al fuego a través de fondos públicos que animan a los ilegales a seguir acudiendo en masa al país.
