El senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, informó que al menos 665 empleados del FBI que estaban bajo investigación por casos de conducta sexual inapropiada (principalmente en contra de sus propias empleadas) dejaron la agencia de 2004 a 2020 antes de enfrentar medidas disciplinarias.
La cifra incluye a 45 empleados del Servicio Ejecutivo Superior (SES) que aunque se jubilaron o renunciaron después de una investigación del FBI o de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia sobre presunta mala conducta, lo hicieron antes de la emisión de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de una carta disciplinaria final. La información fue incluida en el primer documento, elaborado por la Oficina de Apelaciones Disciplinarias del Departamento de Justicia y titulado "Retiros y renuncias durante las adjudicaciones de conducta sexual no deseada".
El segundo documento, producido este año por el Departamento de Justicia y titulado "Adjudicación inconsistente de mala conducta sexual no consensuada" analiza la implementación de la directiva de "tolerancia cero" del director del FBI (Christopher) Wray de diciembre de 2020, que buscaba abordar la mala conducta sexual en el FBI", detalló Grassley.
La oficina de Grassley dijo que "los casos recientes de mala conducta sexual parecen mostrar que la aplicación de esta directiva por parte de la OPR generó sanciones aparentemente aleatorias y a un tratamiento dispar, comprometiendo potencialmente la coherencia, la equidad y el debido proceso del sistema disciplinario del FBI."
Fracaso en la protección contra el acoso
En una carta enviada el miércoles al Fiscal General Merrick Garland, Grassley señaló que los documentos estarían poniendo en evidencia el “fracaso del Departamento de Justicia y el FBI para proteger a las empleadas del acoso sexual y la mala conducta sexual en el lugar de trabajo así como el fracaso para castigar suficientemente a los empleados por esa misma mala conducta”.
Grassley expresó que las empleadas del FBI "no deberían tener que sufrir a diario el abuso y la mala conducta de sus colegas y supervisores", y agregó:
El Congreso tiene la obligación de llevar a cabo una revisión objetiva e independiente de los fallos del Departamento de Justicia y del FBI y determinar la exactitud de los datos contenidos en los documentos para que el pueblo estadounidense sepa y comprenda qué cambios se han hecho, si es que se han hecho, para resolver estos importantes problemas.
Según el Washington Examiner, el FBI respondió a los reclamos de Grassley:
"El FBI se examina críticamente y continuará haciendo mejoras. La conclusión es que los empleados que cometen faltas graves y acoso sexual no tienen cabida en el FBI(…)Damos prioridad a la investigación y a la adjudicación de los casos de acoso sexual y de mala conducta, y cuando las acusaciones de acoso sexual se corroboran, los empleados del FBI se enfrentan a graves consecuencias, incluyendo la degradación permanente, la eliminación de los rangos de supervisión o el despido."
